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Lo que antes era un gasto asumible, en los últimos años ha tornado a una terrible realidad en cientos de miles de hogares de toda España: la imposibilidad de pagar la factura de la luz ante unos importes disparados a raíz de la pandemia ... y la guerra en Ucrania. Una tendencia que obligó al Gobierno central a tomar medidas con notables descuentos para los colectivos más vulnerables a dicho encarecimiento, pero que ya tiene lista su hoja de ruta para ir retirando de forma progresiva buena parte de las rebajas.
En Cantabria serán miles de beneficiarios los que noten esta desescalada sostenida que la Administración nacional ya ha empezado a aplicar y que tendrá continuidad en 2025. El número de perceptores en la región ha crecido de forma notable en los últimos tres años hasta situarse, según los últimos registros del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), en 17.219 a final de mayo.
Sólo en el último ejercicio, comparado con mayo de 2023, los inscritos en el bono social eléctrico han subido un 7,3% al aumentar en 1.174 perceptores.
De los datos que ofrece el Ministerio pilotado por Teresa Ribera se desprende que de ese total de 17.219 beneficiarios en Cantabria 7.693 están en el colectivo de vulnerables; mientras que 9.029 se integran en el de vulnerables severos.
En paralelo, otros 497 perceptores aparecen dentro del grupo 'Crisis energética'. Estos últimos han dejado de tener acceso a los descuentos -del 40% del recibo en su caso- desde el pasado 30 de junio. El Gobierno central decidió no incluir una extensión en el último paquete de medidas anticrisis, por lo que la vigencia del denominado bono social de justicia energética no ha llegado a dos años.
Los usuarios del bono social eléctrico a través de esta fórmula también eran los únicos que no tenían derecho a disfrutar del bono social térmico, un cheque para pagar parte de los gastos de gas, agua y calefacción mediante un pago único de entre 40 y 375 euros anuales en función del grado de exposición y de la zona geográfica en la que residieran.
La cuestión es que el planteamiento de la Administración es más global y afecta a todo el sistema de coberturas. Con su nacimiento, el bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas eléctricas que oscilan entre el 25 y el 40% según la vulnerabilidad de las familias.
No obstante, las medidas anticrisis incrementaron de forma transitoria los descuentos hasta el 65% y el 80% del recibo para la gran mayoría de los beneficiarios. Ese alza extraordinaria aún se mantiene, pero el Ejecutivo aprobó un recorte escalonado.
En concreto, los cambios estaban previstos a partir de octubre, a razón de un 7,5% por trimestre. El objetivo era que para julio de 2025 el mecanismo regresara a los parámetros normales. Sin embargo, una negociación de última hora con Podemos aplazó esta desescalada hasta final de año, de modo que los descuentos arrancarán ya en 2025.
Por otra parte, y entre otras medidas sociales extendidas, el Ejecutivo continuará con la prohibición de cortar los suministros básicos de electricidad, agua y gas a los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de este año.
En cuanto a los requisitos para poder solicitar y acceder al bono social eléctrico y disfrutar también del bono térmico, estos pasan principalmente por tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual -no se puede pedir la ayuda desde el mercado libre-; cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta establecidos; y adecuarse a los límites de energía sujeta a descuentos del bono social eléctrico. Todavía se puede tramitar.
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