Bruselas desoye la intervención de España en su propuesta de reforma eléctrica

El texto planteado por Bruselas dista de la posición del Gobierno, que ya propuso una reforma de calado en la que incluía una medida para retener los beneficios extraordinarios de las energéticas, como las nucleares o las hidroeléctricas. Sin embargo, otros países como Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos, se opusieron a esta medida y reclamaban una revisión más «limitada del mercado eléctrico europeo, una perspectiva alineada con la propuesta de Bruselas.

Desde la pandemia, el mercado eléctrico europeo ha sufrido varios 'shocks'. La guerra en Ucrania y el uso como arma del precio del gas por parte de Rusia dispararon el precio del gas, lo que llegó a elevar el precio de la electricidad que superó los 300 euros por megavatio hora en agosto de 2022.

Consciente de que las medidas puestas en marcha por estas crisis no pueden ser permanentes y que es necesario una reforma estructural, Bruselas ha propuesto la eliminación gradual del gas en el continente y una mayor integración de las renovables en el sistema eléctrico europeo. La Comisión quiere lograr «soluciones que den una mayor flexibilidad» para hacer frente a la demanda, como el almacenamiento y el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable, sobre todo las relacionadas con proyectos marinos eólicos.

Bruselas también anima a los países europeos a que se esfuercen para crear condiciones de mercado adecuadas para los instrumentos a largo plazo como los acuerdos de compra de energía. Espera que estos acuerdos bilaterales den «una estabilidad de precios» para los consumidores y, al mismo tiempo, ofrezcan «certidumbre» a los productores e inversores.

El despliegue de la energía renovables garantizará, a largo plazo, una mayor estabilidad de precios y Europa aspira a que estas energías sean el 69% del total generado para 2030. Es por eso que Bruselas quiere crear un «clima de inversión seguro» para este tipo de energía y evitar «ganancias extraordinarias» en periodos de precios altos. En caso de que haya un exceso de este tipo de beneficios, el Ejecutivo comunitario señala que deberá devolverse a todos los consumidores, en función del consumo.

En caso de crisis, bajo supervisión de la Comisión, los países podrán «congelar» las tarifas minoristas. Este mecanismo podrá funcionar a través de las ayudas de Estado durante un periodo determinado y Bruselas se asegurará de que «no cree distorsiones» en el mercado europeo.

Satisfacción a medias

Una vez conocida la propuesta, el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es Teresa Ribera, ha acogido con satisfacción el planteamiento europeo, aunque el Ejecutivo es consciente de que Bruselas ha dejado aparcada una de sus medidas estrella, la regulación de precios en determinadas tecnologías. «Lo que hace un año se nos decía que era imposible, hoy se plasma en una propuesta legislativa que se inspira y recoge buena parte de las soluciones propuestas por España para mejorar el diseño del mercado eléctrico», aseguran fuentes de Transición Ecológica. En cualquier caso, reconocen «el ánimo constructivo de la Comisión a la hora de preservar el interés de desacoplar el del gas y el carbón del mercado marginalista, tal y como expuso España en su propuesta», indican.

Lo que sí ha hecho Bruselas es recoger otras propuestas. «Consideramos positivo reforzar el protagonismo de los contratos a largo plazo y de capacidad». Y –apuntan desde Transición Ecológica– es de «gran interés» el respaldo que la propuesta al impulso para instrumentos como los contratos por diferencia (CfD) y los contratos de compra de energía (PPA)», explican.

Por su parte, para Aelec, la patronal del sector eléctrico, la intervención«hubiera afectado de forma negativa a la cohesión del mercado único europeo». Por ello, la organización (integrada por Iberdrola, Endesa y EDP) «valora positivamente» el planteamiento de la Comisión.

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