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Bruselas ya dio el golpe semanas atrás, cuando oficializó tras el intento por parte de la Comisión Europea el pasado mes de agosto de cerrar 94 caladeros en las costas españolas, francesas, portuguesas e irlandesas, finalmente, la prohibición de cualquier actividad relacionada con la ... pesca de fondo en 87 de esas áreas. Algunas partes del litoral cántabro también se encuentran entre las que quedaban completamente vedadas, lo que reducía las alternativas para los barcos que practican estas artes en la región.
Sin embargo, la ofensiva continental, que arrincona este tipo de arte pesquera, no acaba ahí. La UE sugiere a los barcos afectados por esta prohibición que busquen nuevas actividades, para las que incluso se destinarán ayudas. En otras palabras, que con la hoja de ruta histórica no hay futuro.
«El turismo pesquero o marinero -expone el Real Decreto 239/2019- adquiere un gran potencial y proporciona nuevas oportunidades laborales que surgen en relación con el mar [...] y se plantean como interesantes alternativas de diversificación para las zonas litorales dependientes de la pesca». La reflexión no es baladí, puesto que proviene del comisario de Pesca y Asuntos Marítimos de la UE, Virginijus Sinkevicius, impulsor de las restricciones.
A su juicio, este es el futuro -turismo pesquero o acuícola- que le aguarda a parte de la flota del norte peninsular dedicada a estas artes, incluida evidentemente la flota cántabra, que en realidad a priori no está adaptada para una diversificación de su negocio como la que se propone a miles de kilómetros de distancia.
Esta vuelta de tuerca entronca con una pregunta por escrito del eurodiputado del PSOE Nicolás González Casares. «¿Qué medidas prevé implementar la Comisión para ayudar a las flotas afectadas?», cuestionaba. En su respuesta Sinkevicus era claro: «Los Estados pueden apoyar a sus flotas con medidas como la diversificación de actividades», con fondos públicos del programa Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), entre otras partidas.
Sinkevicius respondió a las dudas de Casares sobre el reglamento de ejecución que afecta a la pesca de fondo y que entró en vigor el 9 de octubre. El sector, de hecho, ha cuestionado que la decisión del veto se aprobó sin contar con informes de impacto económico. ¿El resultado? La Nueva España detalló que en 41 de las 87 áreas afectadas -ocupan más de 16.400 kilómetros cuadrados-, las profundidades no alcanzaban los 400 metros establecidos por la propia Comisión, por lo que procedía evitar la pesca en esas zonas.
En cuanto al 'plan de rescate' para auxiliar al sector, la Comisión apunta a partidas gestionadas por el Gabinete que preside Pedro Sánchez y, en todo caso, de escaso importe. Como premisa, los mencionados fondos Fempa para que los barcos diversifiquen su actividad más allá de la pesca extractiva a través del turismo o actividades ligadas a la cultura y a la sostenibilidad. Así las cosas, la subvención máxima alcanza los 30.000 euros.
Sin comunicación
Sinkevicius sí que ha rechazado últimamente dar marcha atrás con la hoja de ruta marcada por la Comisión. A más, en cuanto a la falta de datos sobre el impacto socioeconómico, culpa igualmente a la Administración española. ¿En qué sentido? «Este sistema sólo funciona si los datos facilitados por los estados miembros son precisos. Por ejemplo, en los dos últimos años, la Comisión ha pedido a las administraciones nacionales información precisa sobre las posibles repercusiones en segmentos específicos de la flota». Según adujo, no hubo respuesta del Ministerio.
Como explicó El Diario en septiembre, desde el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el investigador Antonio Punzón aseguró que los temores de Europa son exagerados: «Asumen que a partir de cierto nivel de presión pesquera, estos ecosistemas desaparecerían. Dicen que, por tanto, a partir de ese nivel de impacto, el arrastre puede continuar porque, una vez efectuado, ya no quedaría nada que proteger. Es totalmente ridículo».
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