La Cámara de Comercio negocia un préstamo bancario para salvar de la venta su sede de La Porticada

La entidad cameral había convocado ayer a su Comité Ejecutivo y Pleno para, principalmente, pedir la autorización del Gobierno de Cantabria, tutelante de la institución a través de la Dirección General de Comercio, para poder obtener la financiación requerida. En paralelo, en el orden del día se llevaba la propuesta de aprobación del Presupuesto para 2018.

¿Cómo se explica este giro en la hoja de ruta predefinida desde el otoño de 2016? Principalmente porque la estructura de la Cámara se ha visto reducida con la salida de personal desde que comenzara el colapso financiero y, en consecuencia, han caído los costes fijos de mantenimiento de la actividad. El pasado 1 de enero se puso fin al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a toda su plantilla y que había rebajado al 50% el horario de trabajo. Un ajuste con una vigencia de seis meses, que acabó el 31 de diciembre y que no fue necesario prorrogar. A pesar de que inicialmente la reestructuración afectaba a 18 trabajadores, finalmente fueron 13 los que se incorporaron de nuevo plenamente a sus funciones. Lejos quedan ya los tiempos en que en la Plaza Porticada se daban cita 46 empleados. En la mayor parte de los casos se ha llegado a acuerdos extrajudiciales.

Este intento de regresar a la normalidad, tal y como lo definen los responsables camerales, no ha sido óbice para que la organización mantenga una deuda que hace indispensable la entrada de fondos. En todo caso, en el último tramo de 2017 se escrutaron a fondo las cuentas para dirimir el calado real de las necesidades financieras, hasta llegar a la conclusión de que con respaldo bancario la viabilidad estaría asegurada e, incluso, el ejercicio pasado se podría cerrar en positivo.

Sin embargo, las peculiaridades de la Cámara igualmente elevan la complejidad de cerrar esa operación crediticia, aunque se espera que la solución pueda cristalizar en breve en favor de los intereses de la organización, que nunca ha ocultado que la Ley de Cámaras de 2014, que tantas expectativas creó y que estaba llamada a ser el instrumento para la consolidación y relanzamiento, se quedó a medio camino al seguirlas considerando corporaciones de derecho público colaboradoras de la Administración pero hurtándoles los ingresos –el recurso cameral que se cobraba a las empresas (una cuota anual de entre 0 y 100 euros al año para un 82% de las compañías de la región)– que hacía posible su funcionamiento y del que se nutrían hasta el año 2010. El Gobierno autonómico ya ha dado últimamente varios pasos para revertir esta situación cuanto antes.

Más allá de las gestiones con los bancos, en la Plaza Porticada aún tienen encima de la mesa una oferta en firme para hacerse con el inmueble. La propuesta, que llegó en noviembre, se acercaba a las necesidades de la institución dadas las urgencias planteadas en octubre de 2016, cuando se aprobó el plan de racionalización de gasto y dar luz verde a la operación inmobiliaria.

No obstante, una vez revisados los balances, en caso de concretarse el ansiado apoyo financiero la venta del edificio quedaría suspendida hasta una nueva coyuntura más favorable en la que la Cámara pudiera lograr un mayor beneficio para sus intereses. Los potenciales compradores, con vínculos con México, mantienen su interés a día de hoy.

Otro de los puntos importantes de esta vía gira en torno a dónde desarrollaría su actividad la entidad si se deshace de su sede. En este caso, no sería condición ‘sine qua non’ mantenerse de alquiler en el céntrico inmueble santanderino, sino que se buscaría otra localización. De las seis plantas del edificio, de entre 223 y 461 metros cuadrados cada una, se utilizaban tres más el salón de actos de modo ocasional cuando se decidió buscar comprador. Con todo, se ha llegado a la conclusión de que perder este patrimonio en la actual coyuntura y pagar una renta no sería la mejor opción para el futuro de la organización.

Además, hay que tener en cuenta la incertidumbre normativa que ha supuesto la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander. El planeamiento actualmente vigente es más restrictivo, aunque permite tener usos terciarios como son el comercio y servicios en parte del edificio. Se podrían simultanear en las plantas bajas con los usos oficiales de la Cámara de Comercio si al final la entidad optara por mantenerse como arrendataria.

La situación de la Cámara autonómica no es un caso excepcional. Su homóloga de Torrelavega también se halla inmersa en tribulaciones severas ante las dificultades para generar ingresos. Con su personal en ERTE ‘sine die’, la tesorería va languideciendo con el transcurso de los meses.