El Camino del Sol llega a Cantabria

Anpier es la asociación más representativa del sector fotovoltaico español, agrupando a más de 5.000 socios, personas físicas y jurídicas de todas autonomías. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, y el delegado en Cantabria, Alberto Cuartas, tienen previsto reunirse con el presidente y vicepresidenta de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos y el consejero de Industria, Francisco Martín, así como con los responsables regionales de PP y PSOE y los diputados nacionales de Ciudadanos y Podemos.

Anpier considera que «en la carrera hacia el liderazgo mundial de la fotovoltaica, España ha arruinado su mercado interior y su prestigio internacional» y recuerda la situación que padecen «las 62.000 familias productoras de fotovoltaica que creyeron en el Estado cuando les animó a invertir, para arruinarles a los pocos meses».

La asociación insiste en que el Estado español animó a las familias españolas, a través de Reales Decretos y por medio de la campaña publicitaria 'El sol puede ser tuyo', a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica y añaden que en un escenario de especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), 62.000 familias españolas optaron por destinar sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo que España podría haber alcanzado los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental.

El Gobierno fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida, y el propio Ministerio de Industria no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones. Sin embargo, y a los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, las 62.000 familias fotovoltaicas españolas se enfrentaron a un interminable rosario de decretos retroactivos que han cercenado de manera alarmante las rentabilidades plasmadas en los BOE que fijaron las condiciones originales, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban, lo que ahora impide afrontar los compromisos de pago soportados por los productores.

En total estas familias destinaron 20.000 millones de euros, de los cuales adeudan a la banca 18.000 millones de euros.

De otro lado, la asociación advierte de que el sector de la energía fotovoltaica está siendo «un claro ejemplo de inseguridad jurídica ya que la reforma eléctrica impuesta por el Gobierno «supone una modificación retroactiva que quiebra a 62.000 familias y con ella la seguridad jurídica del sector».