Cantabria acoge con inquietud el nuevo diseño del Estatuto Electrointensivo

Porque el Gobierno dará más dinero a la industria para rebajar el precio de la luz, pero las factorías cántabras tendrán que competir con cientos de fábricas más, sobre todo de Cataluña, para arañar un descuento en la factura. Una compensación a la industria de 90 millones por financiar en su recibo las renovables y los extracostes de suministro a las islas son las principales novedades del ECEI, que con todo deja como elemento sorpresivo para el sector el incremento de compañías al relajarse los criterios de asignación. Previamente se exigía un consumo medio anual de 40 GWh, mientras que en el nuevo texto se limita a un único gigavatio.

Como referencia, a los 90 millones de compensaciones, que saldrán del presupuesto del Ministerio de Industria y no repercutirán directamente en el recibo que pagan el resto de consumidores, se sumarán los 172 millones que ya recibía el sector secundario por los costes indirectos de CO2. No obstante, ahora serán muchas más factorías las que tendrán la consideración de electrointensivas respecto a las que había en el primer borrador del Estatuto o para concurrir a la subasta del servicio de interrumpibilidad, el que hasta ahora era el principal instrumento para rebajar el precio de la luz a la gran industria. Cantabria siempre había tenido cuatro organizaciones susceptibles de recibir ayudas. El Gobierno central habló el lunes de 15.

Al servicio de interrumpibilidad optaban 119 factorías, incluidas las cuatro mencionadas cántabras. En el primer borrador del Estatuto el número previsto de beneficiarios se elevó a 276 y ahora de las ventajas del ECEI se podrán beneficiar unas 600 factorías con 300.000 trabajadores, de las que 153 están en Cataluña (25% del total). Como balance, son muchos más actores los que se repartirán los 262 millones disponibles. Hasta 2017 se distribuían 500 sólo por la vía de la interrumpibilidad.

Reacciones sindicales

A la espera de las valoraciones oficiales, un aviso. «Es posible que con este nuevo planteamiento los usuarios realmente electrointensivos sigan sin paliar parte de su problema y se mantenga el riesgo de pérdida de empresas y empleo», sintetiza una fuente conocedoras del conflicto.

En esa línea se expresó la Federación de Industria de USO, que consideró que, «antes de llegar al Consejo de Ministros, el Estado tendría que aclarar y cuantificar todas las medidas, ya que abrir el abanico de empresas que se puedan beneficiar puede generar que otras muchas no lleguen a sus expectativas con el riesgo de paro o cierre definitivo de la actividad fabril».

Desde UGT, su secretario general, Mariano Carmona, opinó que «el gran reto es aplicar medidas que solucionen el problema del precio, no sólo con subvenciones concretas y puntuales en un momento dado».

El secretario general de Industria de CC OO, Daniel San Miguel, sostuvo que «a nuestro juicio las medidas no solucionan el problema porque son escasas. Nuestra mayor exigencia será garantizar el empleo en las empresas que se acojan al Estatuto».