Cantabria actualiza el decreto para prevenir accidentes en las empresas con más riesgos

Un total de ocho empresas de la región trabajan con sustancias químicas y están al día de los protocolos que se van actualizando. La realización de simulacros para comprobar que todo funciona en el caso de una emergencia es parte fundamental para prevenir accidentes que pueden poner en riesgo tanto a los trabajadores como a la población en general. El año pasado, a pesar de la pandemia, se realizaron varios simulacros en las empresas.

El Ejecutivo regional ha publicado en el Portal de Transparencia y en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el trámite conjunto de audiencia e información pública del proyecto de decreto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el próximo miércoles 30 de junio.

El consejero de Industria, Javier López Marcano, ha señalado que esta actualización responde a «la permanente tutela de la Administración regional por garantizar la seguridad de las actividades industriales y la conveniencia de acometer estos cambios normativos en aras de una mayor seguridad jurídica» para que se articule la distribución de las competencias y facultades atribuidas a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Además, destacó «la positiva receptividad del sector industrial que se ve afectado por el Decreto, como nuestra gran industria química, que están acostumbrados a acometer cuantiosas inversiones para alcanzar los mayores niveles de seguridad posibles».

El objetivo de la actualización es la designación de los órganos competentes de autonomía y el desarrollo de la normativa estatal en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. En el decreto se recogen previsiones relacionadas con el control de riesgos inherentes a accidentes graves que serán ejercidas por la Consejería competente en materia de industria, principalmente en materia de inspecciones a las empresas afectadas, así como en lo relativo a la colaboración de los organismos de control con la Administración.

El director general de Industria, Daniel Alvear, recuerda que la normativa estatal es fruto de la trasposición de la conocida como 'Directiva Seveso', denominada así por el trágico accidente ocurrido en una pequeña planta química en el municipio de Seveso. A raíz de este trágico episodio, en 1982 los países de la Unión Europea acordaron reglas de seguridad para las plantas industriales que utilizaran elementos peligrosos, mediante la llamada Directiva 82/501/EEC o 'Directiva Seveso', que imponía duras regulaciones industriales.

Esta directiva ha tenido diferentes actualizaciones a nivel europeo con modificaciones y mejoras en las medidas de seguridad y los protocolos de gestión, que los diferentes países miembros han ido transponiendo a su legislación, y que obligan a su vez a actualizar el decreto regional de desarrollo de la normativa nacional. «Lo que se ha pretendido es fortalecer la prevención y la gestión de riesgos», valora Alvear y explica que la idea es mejorar las inspecciones para evitar incidentes y contar con la colaboración de las empresas implicadas.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha valorado especialmente «la coordinación entre distintos departamentos de la administración pública y con las empresas, así como las medidas de actuación y control establecidas para mejorar la capacidad de respuesta frente a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas».

La máxima responsable de la atención de las emergencias y protección civil en la comunidad autónoma ha destacado también «los beneficios que supone reforzar la información a la población y el intercambio de datos que posibiliten que las empresas integren políticas de prevención de accidentes graves, de informes de seguridad y planes de emergencia».

En este sentido, ha apuntado otras medidas preventivas que implican a administraciones y empresas tendentes a evitar el llamado 'efecto dominó', que evite el incremento de las consecuencias de un accidente a causa de la proximidad de otras empresas y zonas residenciales y el establecimiento de las barreras necesarias para minimizar las consecuencias.

Fernández destacó «la experiencia de Cantabria en este ámbito con el desarrollo, aplicación práctica y actualización constante de los planes de emergencia exterior de las ocho empresas de la región que trabajan con sustancias químicas y que incluye la celebración de simulacros con la activación de sistemas de aviso a la población para simular situaciones de confinamiento, la verificación de las comunicaciones entre los distintos grupos de intervinientes en la resolución de la emergencia y su correcta coordinación».

La actualización del decreto pretende revisar la distribución de las funciones entre los órganos competentes del Gobierno de Cantabria, mejorar los cauces de colaboración y desarrollar las medidas que se consideren necesarias, en aras de una mejor regulación y complementación con la normativa estatal, en base a la estructura actual del Ejecutivo regional.

De conformidad con diferentes normativas se ha sometido a consulta pública previa el posible contenido del proyecto de decreto para la designación de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el desarrollo de la normativa estatal en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El plazo de presentación será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria. Acaban el próximo día 30, miércoles.

Los ciudadanos y organizaciones que lo consideren oportuno, pueden presentar sus opiniones, por escrito, a través de la dirección de correo electrónico dgiem@cantabria.es, en la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Secretaria General de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio sita en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, C/Albert Einstein, 2 de Santander o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 134 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, haciendo constar en el asunto del escrito o del correo electrónico 'Sugerencias a Decreto órganos competentes Cantabria Seveso'.

Igualmente, podrán presentarse las alegaciones a través del portal de transparencia al que se accede a través de la siguiente dirección: http://participacion.cantabria.es/

La aprobación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre supuso cambios importantes, tales como el refuerzo de las disposiciones relacionadas con el acceso del público a la información, con la participación efectiva del público interesado en la toma de decisiones de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. También, se han potenciado los mecanismos de recopilación e intercambio de la misma entre las autoridades competentes.