Cantabria cierra un año de reforma laboral con 1.925 fijos discontinuos inactivos más

Los datos proceden de un análisis del sindicato USO para radiografiar el primer ejercicio con la nueva normativa. La organización precisa que «tanto en abril de 2022 como en 2023 estarían 'paradas' más de 42.000 personas (demandantes registrados en el SEPE y que no están ocupados). Estos han disminuido en 679 personas en un año, un 1,6%, mientras que el llamado paro registrado habría descendido en ese período de tiempo en 2.992 personas, un 9,2%. No se entiende por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos», comienza la secretaria general de USO, Mercedes Martínez, en base a las estadísticas disponibles en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social.

La diferencia entre estos dos datos, según el sindicato, debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo. Como premisa, el grupo de fijos discontinuos: «Después de la respuesta remitida por el Gobierno en el Senado sobre los fijos discontinuos en su período de inactividad, en la que se indica que están en el grupo de 'Trabajadores con relación laboral', vemos que es esta partida la que más crece en términos interanuales: 1.925 personas más, un 91%. En abril se encontraban en esta situación 4.020 personas que no estaban trabajando y que no se les considera como parados, sino fijos discontinuos en período de inactividad», continúa la sindicalista.

La práctica habitual de no contabilizar como desempleados a aquellas personas que estándolo se clasifican bien como otros no ocupados, con disposición limitada, o que demandan un empleo específico, «acaba por distorsionar las cifras reales de paro, y hacen que el 'paro real' con el llamado 'paro registrado' no solo no coincidan, sino que diverja notablemente», completa la portavoz.

En el mes de abril de 2022 ya se encontraba en plena vigencia la última reforma laboral y por tanto ya se pueden realizar comparaciones y hacer balances más homogéneos para ver lo que ha conllevado la aplicación de estos cambios legislativos.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril fue de 14.665, lo que supone una bajada de 2.046 (-13,9%) sobre el mismo mes del año 2022 (16.711). Comienza a descender el porcentaje de documentos indefinidos realizados, 3.742, un 24,2% menos con respecto al año 2022 ¿Está perdiendo dinamismo nuestro mercado laboral? ¿Se empieza a notar una desaceleración de la actividad económica y del empleo?

La modalidad de contratos por circunstancia de la producción, que aglutina la temporalidad tras la reforma laboral, adolece de una alta volatilidad. El 82,4% de los 8.884 llevados a cabo en el pasado mes de abril tiene una duración menor a un mes. Y el 46,4% de estos contratos corresponde a jornadas parciales. En otras palabras, las estadísticas apuntan a que el mismo trabajo se está repartiendo entre más personas. De nuevo, la productividad también entra en juego, una de las asignaturas pendientes de la estructura económica de Cantabria.

El incremento de la contratación indefinida viene asociado no sólo al descenso del número total de contratos, sino también a un notable aumento de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. En el pasado mes de abril se hicieron en Cantabria 3.742 contratos indefinidos de los cuales el 41% correspondió a jornada completa, el 32,5% son fijos discontinuos y el 25,5 a jornada parcial. «Estos datos arrojan que más de la mitad (58,4%) de los contratos fijos en Cantabria corresponde a trabajos precarios, ligados a la temporalidad o a jornadas reducidas», señala USO.

Con respecto al año anterior, la contratación indefinida ha bajado un 24,3%. «Se está troceando el empleo y creando una situación donde tener un contrato indefinido no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes. Una jornada reducida implica un salario reducido; se está generando el trabajador en riesgo o en situación de pobreza teniendo un contrato indefinido. Como consecuencia de ello, nos encontramos con trabajadores que firman más de un contrato indefinido al mes, originando un incremento de las situaciones de pluriempleo. Se necesita más de un contrato (empleo) para llegar a fin de mes», lamenta el sindicato.

Martínez no se detiene ahí y va más allá. «Esta situación de notable incremento de la parcialidad es la reforma no contada para aminorar el gasto en pensiones: menor tiempo cotizado y menor cotización llevarán consigo una menor pensión».

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: hay más contratos indefinidos sí, pero el incremento se está produciendo en la contratación a tiempo parcial, un aumento interanual del 16,1% y de fijos discontinuos que lo hacen en un 57,3%, lo que aquilata la mencionada premisa del reparto de las horas de trabajo en la Comunidad.

Otro de los puntos del estudio se centra en el progresivo incremento del peso del sector público como elemento dinamizador del empleo en Cantabria. Desde el comienzo de la pandemia el empleo público en Cantabria se ha disparado en un 10,9%. En febrero de 2020 el total de cotizantes cuya nómina dependía directamente de una administración pública, según datos aportados por la Seguridad Social, era de 33.510. En abril de 2023, esta cifra se eleva a 37.169. Un incremento de 3.659 personas.

El aumento del empleo público durante el último año no ha perdido fuelle tras elevarse un 3%, 1.101 nuevos cotizantes públicos. Si la cifra total de nuevos cotizantes en el sistema es de 3.654, esto significa que uno de cada tres nuevos afiliados corresponde al sector público.

Los datos vienen a apuntalar una corriente claramente consolidada. Jóvenes y no tan jóvenes ven en la Administración una salida laboral estable y con mejores condiciones que las que atisban en el sector privado.

Esta transferencia de titulados y personal cualificado hacia la Función Pública, en multitud de casos con estudios por encima de los requerimientos de los puestos a los que optan en el ámbito público, no hace sino ratificar el fracaso colectivo de toda una generación, que no encuentra la vía para desarrollar sus aptitudes en las empresas cántabras.

Un fracaso que se extiende igualmente al ámbito educativo, toda vez que a la par que miles de cántabros buscan cobijo en las oposiciones, los empresarios llevan tiempo lamentando y denunciando la problemática con la que se topan para encontrar personal para continuar sus procesos de crecimiento o, simplemente, poder acometer los trabajos que les llegan.

Los cambios introducidos por el Gobierno de España en la nueva legislación laboral, llamada especialmente a limitar la temporalidad que hasta la fecha dominaba en el mercado de trabajo nacional, tendrán su plena repercusión comparativa a final de año.

Con vigencia desde abril de 2022, el trasvase de trabajadores temporales hacia el colectivo de fijos-discontinuos, tal y como conduce la ley, fue llevándose a cabo de manera progresiva a lo largo de los meses.

Como ventajas para el empleado, un mayor arraigo y estabilidad, así como la capacidad para la empresa para poder desarrollar labores formativas y de actualización profesional con unas plantillas estables. En la otra cara de la moneda, «los parados ahora los tenemos las empresas, no el Gobierno», dicen varias pymes.