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Que España ha cambiado mucho desde el fin de la Dictadura y los primeros compases de la Transición es algo que nadie discute. A ... una apertura democrática y de libertades individuales y colectivas le sucedió un desarrollo económico e industrial notable ayudado por los fondos estructurales de la Unión Europea, decisivos en materia de infraestructuras. Por el camino, reconversiones sectoriales como la de los astilleros o el retroceso progresivo de actividades como la agrícola o ganadera. En todo caso, una evolución normal en un país que en las últimas décadas vivió un auténtico florecer en muchos sentidos.
La Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas pusieron este martes cifras a ese recorrido, analizando la evolución de las diferentes comunidades autónomas en este periodo de tiempo. Bajo el título '45 años de evolución económica, social y empresarial de las Comunidades Autónomas en España (1975-2020)', los presidentes de ambas instituciones, José Luis Bonet y Valentín Pich, junto con los directores del estudio, Salvador Marín y Raúl Mínguez, dieron a conocer los resultados del diagnóstico que da continuidad a uno anterior presentado en julio de 2020 y que afirma que el sistema del 78 ha traído consigo un aumento de la calidad de vida generalizado a todos los territorios de la geografía nacional.
No obstante, ese crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no ha sido uniforme por comunidades. De media, el incremento económico del conjunto nacional entre 1975 y 2019 cabalgó a un ritmo anual, a precios constantes, del 2,39%, con Murcia (2,93%); La Rioja (2,83%): y Canarias (2,81%) en cabeza. Cantabria, por contra, no ha mejorado a esa velocidad, que en algunos casos obedece al retraso que acaparaban algunos territorios concretos. El PIB autonómico caminó durante el mencionado periodo a una tasa del 1,9%, tan sólo por delante de País Vasco ( 1,82%) y de Asturias (1,34%). La riqueza de la Comunidad saltó de los 5.982,544 millones de euros en 1975 a los 13.665,470 de hace dos ejercicios.
En la misma posición se enclava Cantabria en cuanto al devenir del PIB por habitante. El antepenúltimo lugar con una mejora anual del 1,49%, sólo superior a Canarias (1,46%) y Baleares (1,16%). En este caso, el valor regional ha pasado de 12.252 euros al comienzo del periodo a los 23.485 arrojados en 2019. A nivel nacional se mejoró un 1,75%, saltando de 11.581 euros a 24.808.
El informe igualmente recoge que Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León reciben una financiación per cápita superior a la media, mientras que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas que se sitúan por debajo. El estudio, además de la conclusión señalada, también destaca que Madrid y Cataluña, a lo largo de todo el periodo considerado, sitúan su financiación en torno a la media con pequeñas diferencias, mientras que en el resto de las comunidades la situación varía, según los años.
En el caso cántabro, entre 2002 y 2018 no ha habido momento en que no estuviera mejor que el conjunto nacional. Como ejemplo, en 2002 recibió 2.117 euros por habitante por los 1.810 de la media. En 2018, la financiación local fue de 3.378 por ciudadano frente a los 2.698 nacionales.
La Cámara y el Consejo General de Economistas también ponen el foco en otros asuntos. Entre ellos, la presión fiscal. En los años 90, Madrid, País Vasco, Cataluña y Cantabria ocupaban los primeros puestos, con Extremadura en último lugar. En 2008 Cantabria se ubicaba en el segundo lugar con una presión -recaudación tributaria como porcentaje del PIB- del 8,9%, únicamente superada por Baleares (9,54%). En 2018 no varió la disposición, con la autonomía balear (13,40%) en cabeza seguida de la cántabra (11,33%).
Bonet destacó «el decisivo papel desempeñado por las empresas en la trayectoria seguida por las comunidades autónomas desde 1975. El tejido empresarial se ha afianzado como la base de la actividad económica del país, la principal fuente de empleo, la garantía de la cohesión territorial y el sustento más importante del estado del bienestar y del sector público».
Pich valoró el trabajo de las comunidades quienes, «a través del desarrollo de las distintas competencias, han sido corresponsables del aumento de la calidad de vida».
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