Cantabria deberá triplicar en dos años su red pública de carga de coche eléctrico

Desde la asociación se plantea una metodología para establecer una red de infraestructuras de recarga que facilite la incorporación de vehículos electrificados en España, en línea con las exigencias de reducción de emisiones marcadas desde Europa. Disponer de un instrumento de planificación e información es, para la asociación, cada vez más urgente teniendo en cuenta que el nuevo Reglamento europeo de infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR) por primera vez establece unos objetivos vinculantes de despliegue para cada uno de los estados miembros.

Para alcanzar estos objetivos Cantabria, con una red actual de 317 puntos de recarga, para 2023 ha de sumar los 480 y para 2025 será necesario multiplicar por tres la estructura actual hasta los 990 puntos de recarga de acceso público.

En el ejercicio de actualización realizado se ha tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de CO2 que la Unión Europea ha marcado para los diferentes tipos de vehículos en los horizontes 2030 y 2035 en el Fit for 55. Éste fija una rebaja del 55% y 50% para 2030 en turismos y comerciales ligeros, respectivamente. Y del 100% para 2035. «Este aumento de ambición en la búsqueda de la neutralidad climática debe tener su reflejo en un aumento de los objetivos de penetración de vehículo electrificado», sostiene Anfac.

Así, si bien el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 aspira a un parque de vehículo electrificado de turismos y furgonetas en España de 3,4 millones en 2030 y una cuota de mercado del 40%, cumplir con el nuevo escenario exigiría, según estimaciones de Anfac, un nuevo techo de 4,3 millones de unidades para 2030 y de 9,8 millones para 2035, con un 60% y 100% de cuota de mercado electrificado, respectivamente.

De acuerdo con estos nuevos objetivos, la Asociación ha actualizado su propuesta para planificar y monitorizar, año a año y a nivel cuantitativo y cualitativo, el desarrollo necesario de infraestructura de recarga de acceso público a nivel nacional, comunidades autónomas, provincias y principales corredores. La metodología se basa en los principios generales establecidos en el estudio de impacto que la Comisión Europea tomó como base para el nuevo AFIR y en los parámetros defendidos por la patronal europea ACEA.

La red mínima para Cantabria arroja aproximadamente 480 puntos de recarga de acceso público en 2023; 990 en 2025; 3.378 en 2030; y 7.150 en 2035, año en el que se establece el fin de la venta de los turismos diésel y gasolina. A nivel nacional, habría que contar con aproximadamente 70.000 puntos de recarga de acceso público en 2023; 120.000 en 2025; 300.000 en 2030; y 610.000 en 2035.

El cántabro José López-Tafall, director general de Anfac, sostiene que «los objetivos establecidos por la UE no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores. En materia de despliegue es imprescindible el compromiso del Gobierno, comunidades y ayuntamientos para implantar la infraestructura necesaria».