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Ha vuelto de lleno al debate político y social después de que el Gobierno PSOE-Podemos anunciara la tarde del miércoles un acuerdo con EH Bildu y cerca de la medianoche lo matizara casi por completo. La derogación de la reforma laboral iniciada por ... el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y apuntalada por el PP de Mariano Rajoy en 2012 arroja posturas encontradas. Desde los que defienden la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, más en una coyuntura como la actual, hasta los que enarbolan la bandera de recuperación de derechos por parte de los trabajadores. En Cantabria, como datos más significativos, entre 2012 y 2019 -la reforma en su totalidad entró en vigor en febrero de 2012- se han generado más de 17.000 empleos. Eso sí, con una temporalidad superior al 78 por ciento.
Según datos ofrecidos por el sindicato UGT, a finales de 2011 había 190.071 asalariados, frente a los 207.196 con que se cerró el pasado año, lejos de los más de 214.000 registrados justo antes del inicio de la crisis de hace más de una década. Con un matiz, de todos esos puestos de trabajo creados, 13.424 fueron provisionales.
Las cifras muestran que los mecanismos dados a las empresas parar sortear la tormenta de la década anterior fueron efectivos para la economía, no así para la calidad del empleo. Desde 2011 hasta el cierre de 2019 los asalariados con un contrato indefinido cayeron un 4,8% (seis décimas más que lo que aumentaron desde 2008 a 2011), mientras que los temporales crecieron en estos ocho años un 32,6%. Desde que se implantó, Cantabria no ha bajado del 92% de contratos temporales y al cierre de 2019 lo hizo con un 93,7%, la tasa más alta de la serie histórica desde 2002.
Esta tendencia también se ha notado en la contratación, de modo que los poco más de 140.000 acuerdos por ejercicio en 2011 mutaron a 244.000 en 2019. En la actualidad casi un 40% de todos los contratos, contando los indefinidos, son de menos de siete días (103.674 en 2019), cuando antes de la reforma laboral había menos de 38.000 y representaban menos del 25% del total.
Ahora, regresa el debate. La Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) lo dejó ayer claro al considerar la decisión de derogar la legislación laboral vigente como un «error histórico capaz de arruinar al país entero e impedir una recuperación real de la crisis».
Acefam abundó en que «el presidente del Gobierno de España y sus ministros deben entender que no es cierto que esta decisión vaya a servir para proteger a las familias españolas, más bien al contrario».
En línea similar se pronunció el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde. «Es la peor decisión tomada en el peor momento», arrancó, para completar que «las empresas de este país no pueden competir en los mercados internacionales con una regulación laboral que data de hace ocho años, que es la que tendremos en vigor», dijo.
Su homólogo en la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, afirmó que «se ha demostrado que la reforma laboral ha funcionado correctamente. En concreto, en Cantabria la aplicación de la reforma ha ayudado, entre otras medidas, a superar la grave crisis económica anterior, pasando de 54.200 desempleados en el primer trimestre del 2012 a 29.800 en su homólogo del 2020», anotó
Carlos Augusto Carrasco, responsable económico de la Cámara de Torrelavega, opinó que «no se puede permitir que se aproveche una situación de desgracia como la actual para hacer las cosas mal y con prisas, derivadas solo de pactos políticos y, por tanto, de solo este tipo de interés, que en muchos casos no es el verdadero interés del país y por encima de todo del trabajador y del futuro mercado de trabajo».
Desde la esfera sindical se pone el foco en la precarización del mercado laboral. El secretario de Empleo de UGT, Julio Ibáñez, reiteró que «todas las estadísticas laborales, de salarios y empleos reafirman que el mercado laboral en Cantabria y en todo el país es mucho más débil, inestable y precario, y la negociación colectiva se ha debilitado con él, con el perjuicio subsiguiente para los trabajadores y trabajadoras».
Su homóloga de CC OO, Laura Lombilla, manifestó que «es urgente su derogación para evitar que continúe el deterioro de las condiciones laborales y se debe impulsar una legislación alternativa que contemple los cambios en el mercado».
Para cerrar, USO aseveró que «este anuncio y el posterior caos de desmentidos y contracomunicados infringen un daño muy serio a la economía y al futuro inmediato. Cualquier señal equívoca se traduce en pérdidas masivas de empleo», sostuvo.
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