Cantabria ve «insuficiente» el plan para abaratar la electricidad industrial

El propio Martín urgió en febrero al Gobierno central a dar una respuesta «ágil» ante la preocupación que le habían trasladado algunas de las mayores corporaciones de la región. A pesar de la celeridad ministerial, el consejero entiende que no basta con las actuaciones estatales, ya que no logran reducir de manera significativa la diferencia entre los costes españoles con los vecinos europeos, una brecha en torno al 10% en el precio energético, lo que deja a las compañías nacionales «en inferioridad de condiciones».

Cantabria no es la única autonomía que ha mostrado su rechazo frente al planteamiento del Estatuto. Por ejemplo, el Principado de Asturias igualmente presentará alegaciones que incidirán en el capítulo de la compensación de los costes indirectos de CO2, el fondo estatal que la Unión Europea permite distribuir entre las organizaciones para paliar los sobrecostes eléctricos asociados a la política ambiental. El compromiso presupuestario que ofrece el Ministerio de Industria (76 millones en 2019 y la posibilidad de llegar a 100) queda muy lejos de lo que semanas atrás planteó el Gobierno asturiano, que esta semana reiteró la opción de «apurar todas las posibilidades que ofrece la normativa europea para conseguir un precio más ajustado que permita a nuestras empresas competir en el mercado global». Según las reglas de la UE, España estaría autorizada a asignar por encima de 200 millones a ese objetivo, procedentes de los ingresos del país por la subasta de derechos de CO2 (los que deben comprar las eléctricas y otras empresas para emitir).

El sector también ha hecho sus cálculos, que convergen en gran medida con el diagnóstico cántabro. A saber, la diferencia entre los precios que abonan las firmas locales y los de Francia y Alemania se reduciría como mucho en el 10% (dos euros sobre una diferencia de veinte o veinticinco en el coste del megavatio/hora), resultado que está lejos de resolver los problemas de competitividad que tienen los grandes consumidores industriales de energía y de atajar el riesgo de deslocalizaciones.

Esa opinión, expresada por el mencionado 'lobby', que aglutina a las principales industrias afectadas, la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (Aege), se complementa con la demanda de más fondos de compensación y también un mecanismo que aporte certeza al reparto, ahora condicionado por los vaivenes presupuestarios.

El asunto energético no es en absoluto baladí. Al igual que en Asturias el conflicto ya adquiere tintes dramáticos ante la amenaza de las multinacionales de huir de la comunidad vecina -Alcoa, Azsa y Arcelor ya han criticado el marco normativo actual-, Cantabria tampoco escapa a esta problemática global.

Bien lo sabe, por ejemplo, Ferroatlántica que el pasado mes firmó con los sindicatos un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que permitía cierta flexibilidad hasta febrero de 2021 de cara a poder apagar dos de los cinco hornos del complejo de Guarnizo en función del panorama eléctrico. La reestructuración alcanzaría de forma rotatoria a los 144 trabajadores de la división de la planta cántabra, que también se extiende a las factorías de Galicia.

Otras multinacionales igualmente tienen la energía en el centro de sus preocupaciones. Como muestra, Solvay, que diseña un plan inversor para acometer una transición que elimine el carbón de sus procesos productivos y que ya está cuantificada en 200 millones. Para abordar el proyecto demanda ayuda tanto privada como de las principales administraciones, incluido el Ministerio de Industria.