«Cantabria recibe tanto sol como Alemania, pero allí generan cuatro veces más energía fotovoltaica»

Así lo sostiene Miguel Ángel Martínez-Aroca (Murcia, 1971), presidente de Anpier (la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) que defiende que los nuevos desarrollos fotovoltaicos son proyectos «de presente y de futuro porque traen ahorros muy importantes, de aproximadamente el 50% de la factura,» tanto para los productores individuales como para las comunidades energéticas (las formadas por aquellos que viven en pisos o tienen casas al norte). También es una buena opción para quienes participen en parques de suelo aunque ya el sector no capte las subvenciones que se instituyeron hace años. «El único problema que puede frenar las inversiones -agrega- es que el Ministerio no ha reservado puntos de conexión para pymes».

Aun así, y pese a la complejidad del sector, le parece pertinente que la Administración cántabra informe a los cántabros de los beneficios de llenar los tejados de paneles fotovoltaicos, que producen electricidad incluso en los días nublados siempre teniendo en cuenta que, entonces, la cosecha de megavatios se reduce a la mitad. De momento, Cantabria «no está aprovechando todo su potencial», si bien al comparar los datos prepandemia con la actualidad se constata «un avance enorme», apunta el experto, que da dos datos para ejemplificar. En 2021 se instalaron en la comunidad dos MW, lo que duplica la potencia que existía en 2020. « Y también el autoconsumo se ha disparado: en la región ya son 15 los MW instalados».

Martínez-Aroca lleva 11 años al frente de Aniper (la asociación nació hace 12) y conoce a fondo el sector aunque no por el motivo que querría, ya que su principal labor es la defensa de los intereses de los primeros inversores españoles en la energía fotovoltaica, que llevan desde 2010 hablando de «una estafa del Estado», que animó a la sociedad a apostar por una energía limpia y enseguida les cambió las reglas del juego, lo que causó un descalabro económico a los pioneros. Estos días ha pasado por Santander para presionar al Gobierno cántabro, al que pide que se ponga de su parte en el contencioso que mantiene con el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya máxima responsable, Teresa Ribera, «no atiende una reivindicación que no supondría desembolso alguno para las arcas públicas» y que compensaría el daño hecho a esas 65.000 familias afectadas: «Queremos que los derechos retributivos, que en principio concluyen en 2038, se amplíen en cinco años, hasta 2043».

Lo ve factible y no tendría un gran coste, por lo que considera que la resistencia de Ribera «es irracional e incomprensible» y así se lo ha hecho saber en Cantabria también a la delegada del Gobierno Ainoa Quiñones, para que lo traslade. «A estas pymes, autónomos y núcleos familiares, la clase media ahorradora» de España, primero el país les pidió que invirtieran en este sector para generar una energía sostenible y cumplir así con el Protocolo de Kioto y luego las castigó con recortes y modificaciones normativas». El primero en sacar las tijeras fue el ministro socialista Miguel Sebastián, «pero el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo nada menos que siete cambios legislativos retroactivos, con lo que se paró el progreso de las renovables y se destrozó una industria incipiente».

Por este motivo, Anpier representa a unos 5.000 inversores de muy distinto perfil (en Cantabria su altavoz es Alberto Cuartas) que recurrieron y recurrieron por vía judicial hasta que el Tribunal Supremo falló en su contra. Cuatro jueces -contra el criterio de tres- resolvieron que los políticos españoles tienen derecho a introducir cambios normativos en los sectores, que esas modificaciones pueden causar daños a terceros y que no hay obligación de compensar esos perjuicios. No sucedió lo mismo por otra vía, a la que se acogieron un 20% de los afectados, fondos de inversión extranjeros: ellos acudieron al Ciadi -institución a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales- que ha emitido ya una treintena de laudos favorables a los reclamantes en los que pide que se cuantifiquen los daños y se indemnice.

«Nosotros ni siquiera queremos indemnización. Pero no vamos a aceptar que no haya equidad en el trato y que los inversores extranjeros tengan una solución y nosotros no». Se da la circunstancia añadida de que su reivindicación aparece en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, a quienes exigen que cumplan su promesa. Como solo queda un año de legislatura, el presidente de Aniper está en campaña. Y se va de Cantabria contento con el apoyo recibido por Revilla, que es «fiel defensor de la causa desde hace tiempo» porque entiende el daño que se ha hecho a miles de familias.