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Puede parecer contradictorio que con el incremento del desempleo que estamos viviendo los fondos destinados a fomentar la búsqueda de trabajo disminuyan. El Gobierno de ... España acaba de aprobar un recorte para este año que tiene que ver con el descenso de las actividades formativas debido a la pandemia y también a la necesidad de incrementar otras partidas destinadas a hacer frente a prestaciones. En el caso de Cantabria, la reducción de los fondos para las políticas de empleo es de un 10% en relación a 2019 mientras que la media nacional apunta a un recorte del 31%.
Fuentes de la Consejería de Empleo del Gobierno de Cantabria informan de que en 2019 se distribuyeron a Cantabria 33.504.636,39 euros de los que 14.830.916,39 iban destinados al fomento de empleo y formación; 959.850 a Orienta 3000, orientadores y prospectores; 16.849.211,00 euros en formación para empleo (cuota FP), y 864.659,00 para modernización.
En 2020 han correspondido a Cantabria un total de 31.567.923,15 euros, de los que 14.565.310,86 van dirigidos al fomento del empleo y la formación; 979.047,00 euros han ido al Orienta 3000; 15.164.289,90 euros a formación para el empleo (cuota FP) y 861.275,39 euros a modernización.
En el concepto Orienta 3000, que sufraga la realización de tareas de prospección y captación de oferta y asesoramiento individualizado para la mejora de la empleabilidad y búsqueda de empleo, se ha elevado la aportación un 2%, mientras que en los conceptos de fomento del empleo y formación y modernización, bajan levemente, dado que se han introducido nuevos criterios en relación con el número de personas en paro y Denos (demandantes de empleo no ocupados), cuyo peso en el global es del 35% de ponderación. Como Cantabria tiene una posición mejor que la media en cuanto a paro y Denos no se ve favorecida a efectos de fondos frente a las autonomías con más parados y demandantes de empleo. La diferencia entre 2019 y 2020 es de un 1,7%.
Donde más variación hay es en formación para el empleo procedente de la cuota de FP, que pagan trabajadores (0,1% de su base reguladora) y empresas (0,6% de la base reguladora). Como la estimación de la recaudación de la cuota de FP para 2020 es sensiblemente inferior a la de 2019 como consecuencia de la alerta sanitaria, el Estado ha pasado de distribuir en 2019 un total de 1.171.917.610 euros a 800.000,00 euros en 2020, un 31,74 % menos.
En el caso de Cantabria la variación es de un 10 % menos, es decir, la Comunidad recibirá un 90% del crédito comprometido. En este caso los criterios de distribución, aunque es un escenario de minoración, han favorecido a la región, dado que han premiado a las regiones que habían anticipado las convocatorias de formación (caso de Cantabria), de tal forma que han garantizado el 90 % de los fondos distribuidos en 2019. Otras autonomías, al no haber sacado sus convocatorias, han recibido mucho menos en proporción. Por ejemplo, Andalucía o Murcia han visto reducidos sus transferencias por este concepto en un 56%; Cataluña y La Rioja un 43%. El descenso medio en el conjunto de las autonomías es del 31,74%.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2020, que tendrá un importe de 5.793,7 millones de euros, la misma cantidad que en los dos años anteriores debido a que los presupuestos están prorrogados. De estos casi 5.800 millones, un total de 1.944,5 millones se han repartido ya a los gobiernos regionales para que establezcan sus propias políticas de empleo, frente a los 2.317 millones del año pasado.
Debido a la crisis sanitaria el plan ha tenido que hacer una redistribución de los recursos -que habitualmente se dedican solo para recualificar a los trabajadores en paro- para destinar una parte del presupuesto a ayudar a pagar las prestaciones de los más de 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar afectados por un ERTE, el paro a nuevos desempleados y subsidios extraordinarios como el destinado a las empleadas de hogar.
En el plan se ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020, con las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia e incorpora medidas para jóvenes y parados de larga duración. Además, este plan evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos marcados para determinar su impacto en el empleo, concreta los objetivos que deben alcanzar tanto el conjunto de España como cada una de las comunidades autónomas y los adapta al contexto generado por esta crisis.
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