Cantabria reclama acotar las ayudas sólo a las electrointensivas de mayor consumo

Cantabria, su Gobierno, es plenamente consciente del problema, que evidentemente trasciende ya las fronteras autonómicas, incluso estatales, pero que en el caso regional golpea con severidad la médula espinal de su tejido industrial. Ferroatlántica, Global Steel Wire, Reinosa Forgings & Castings, Solvay... Todas ellas con la energía como principal quebradero de cabeza.

30%adicional de energía sin emisión de carbono pretende el Estatuto. Cantabria lo rechaza.

Por ello, desde la Consejería de Industria no se está conforme con el planteamiento que recoge el proyecto de 'Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1.106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos'. La herramienta que estaba llamada a aliviar el penar de la gran industria, la que más demanda luz y gas, pero que en el fondo no ha servido de gran ayuda para combatir una situación que amenaza con el cierre a decenas de fábricas.

Cantabria quiere una mayor eficacia. Como primera alegación ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Industria sostiene que la caracterización del consumidor electrointensivo debe ser mucho más limitada, precisamente para que las ayudas lleguen a las factorías que mayor luz demandan y, por tanto, su problema es más grave.

«El texto elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo define unos criterios para la definición de consumidor Electrointensivo. En particular, el proyecto propone en su art 3.2.b) '…Haber consumido, durante al menos dos de los tres años anteriores un volumen anual de energía eléctrica superior a 1 GWh…'. Considerando que el propio preámbulo del RD 1106/2020 señala que se destina a aquellas 'industrias Electrointensivas, (que) cuando compiten en mercados globales, el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico', parece razonable que se aumente significativamente este umbral que no permite discriminar a las grandes industrias de aquellas que son especialmente intensivas en energía. De la misma forma, la modificación propuesta en el art.3.2.d) disminuyen el valor del cociente entre el consumo anual y el valor añadido bruto de la instalación para alcanzar la consideración de consumidor Electrointensivo, con lo que, de nuevo, la modificación podríamos afirmar que discurre en contra del espíritu del propósito normativo anteriormente comentado».

Como segunda pata, ciertas imposiciones a las industrias que el Ejecutivo autonómico no ve muy lógicas en la actual coyuntura. En concreto, 'Obligaciones en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y promoción de la eficiencia energética'.

A este respecto, «desde el Gobierno de Cantabria estamos comprometidos con la transición energética de nuestro sector industrial, y observamos por parte del tejido productivo igualmente un compromiso evidente por una mayor sostenibilidad de sus actividades económicas en términos de energía y clima. Este esfuerzo del sector privado debe ser estimulado con medidas de carácter positivo que sean compatibles con la viabilidad de sus negocios y con el contexto actual para que sean efectivos. En particular en el art 11.2.c) se indica dentro de una de las tres actuaciones seleccionables por los consumidores Electrointensivos, 'Reducir la huella de carbono de su consumo eléctrico, de forma que al menos el 30 por ciento del consumo de electricidad de la instalación proceda de fuentes sin emisiones de carbono, excluido el mix nacional…'.

No sólo eso. «En el contexto de crisis energética, venimos observando evidentes dificultades en relación con la disponibilidad de energía renovable en el mercado para ser contratada de forma directa o indirecta por el sector industrial. Por ello, la imposición de la obligación de un 30% adicional al mix nacional de fuentes sin emisiones de carbono resultaría poco adecuada e incluso desproporcionada, y debiera ser reducida significativamente», recoge el documento.

El consejero de Industria, Javier López Marcano, señala a El Diario que «desde el Gobierno venimos trabajando intensamente en este tema, hasta dar lugar a la Alianza por Cantabria y coordinar nuestra posición con las comunidades vecinas de la España verde que tienen una problemática común».

Para Marcano, «el centro de las alegaciones está en la caracterización de los consumidores. Es evidente que relajar los requisitos de consumo no refleja el espíritu de este texto legal para diferenciar positivamente una tipología de industria que tiene un porcentaje de costes eléctricos por encima de otras».

La segunda consideración es que «hay que tener en cuenta la baja disponibilidad coyuntural para adquirir contratos de larga duración vinculados a energía renovable. Es imposible establecer porcentajes demasiado elevados ya que ahora no existen».