Cantabria reclama a Madrid «mucha seriedad» con la transición energética

El consejero de Industria, Francisco Martín, no oculta que está viviendo con «mucha preocupación» las tribulaciones de las grandes fábricas electrointensivas regionales. «No son sólo las alegaciones de Solvay al PNIEC, sino la incertidumbre que se cierne sobre otras compañías como Global Steel Wire o Ferroatlántica», anota. En el caso del complejo emplazado en Boo de Guarnizo, el Grupo ha aprobado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus plantas de Galicia y Cantabria ante el incremento del recibo energético.

Martín detalla que hace dos meses ya remitió una carta a Madrid reclamando soluciones a esta problemática, que en su opinión tiene parte del conflicto en la ininterrumpibilidad y el fracaso de la última gran subasta. «Esperemos que lleguen soluciones porque las consecuencias pueden ser catastróficas para la industria de Cantabria», opina el consejero.

Solvay, tal y como avanzó este domingo El Diario, ya ha puesto negro sobre blanco los riesgos a los que se enfrenta el complejo de Barreda en caso de que no mejore el marco normativo, a pesar de estar trabajando en un plan de 200 millones para poder abordar ese cambio energético en el recinto cántabro. De entrada, ha solicitado que el PNIEC favorezca el paso de la cogeneración con carbón -el método de Solvay, la única de España- a gas natural.

En paralelo, aunque la organización asegura a este periódico que es un asunto secundario, ha pedido que se le permita extender su sistema de cogeneración con carbón hasta 2030 en lugar de 2025, como recoge el Plan, dado que las centrales térmicas tienen ese plazo más largo. En este punto es donde el Grupo lanza su carga de profundidad: «En el caso particular de Solvay en Torrelavega, el cierre de la cogeneración de carbón significa una grave pérdida de eficiencia energética en nuestro proceso muy intensivo en consumo de calor y una grave pérdida de competitividad, que pone en serio peligro la continuidad de la actividad del complejo industrial de Solvay en Cantabria. Esto supondría la pérdida del único productor nacional de una materia prima indispensable para el sector industrial como es el carbonato sódico».

¿Cómo viven esta situación los sindicatos con representación en la planta de Barreda? Roberto García (UGT) está«de acuerdo con las alegaciones presentadas por la empresa y creemos que van en concordancia con las tendencias europeas», arranca.

Tras admitir que «somos una isla» por tratarse de la única empresa de España que usa la cogeneración de carbón, opina que «las alegaciones son lógicas en cuanto al plazo para poder seguir usando el mineral, toda vez que es el mismo que se da para las centrales térmicas, 2030. Otra cosa es que en la fábrica nos pongamos de límite 2025». ¿Qué pasaría si no se aceptan las alegaciones? «No vamos a hacer elucubraciones hasta tener la respuesta al alegato para no pensar en escenarios que ahora no se contemplan», detalla.

Desde CC OO, Jesús Polanco cree que «la transición debe ser justa y en función de cada empresa», para admitir que «hay muchos factores en juego con el panorama político». En consecuencia, cree fundamental una «buena relación entre administraciones para gestionar las alegaciones y los planes que vengan».

El sindicato USO, a través de Pepe Vía, es el más contundente. «Solvay debe tomar con urgencia la decisión de inversión para iniciar la construcción de la cogeneración de gas de alta eficiencia», afirma. Según el criterio de USO, que viene advirtiendo desde 2017 de los riesgos de esta situación, retrasar la inversión pone en peligro «llegar a tiempo en el escenario actual del final del carbón en diciembre de 2024».

A este respecto, Vía reclama ayudas en las mismas condiciones que las establecidas para la transición del gas natural a gas renovable en materia económica; agilidad en las tramitaciones administrativas; y respaldo social a las inversiones necesarias «para garantizar el futuro de la planta de carbonato».