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MARÍA ÁNGELES SAMPERIO
SANTANDER.
Jueves, 31 de agosto 2017, 21:18
Nadie pone en duda que una de las mayores lacras sociales es la violencia de género y sus consecuencias. Una de ellas es la desprotección social de la mujer a la hora de encontrar un puesto de trabajo y, por ello, se han buscado ... fórmulas de promoción como la bonificación de los contratos. El Servicio Cántabro de Empleo ha publicado el pasado mes de julio en el BOC una instrucción para atender y tutelar a las víctimas de la violencia machista. Lo cierto es que en los últimos años los contratos bonificados para mujeres maltratadas han sido más bien anecdóticos. Así, desde enero de 2003 a marzo de 2017 (últimas cifras disponibles) se han realizado 54 contratos bonificados.
El sindicato UGT hizo un balance sobre este tipo de contratación con motivo de la celebración en noviembre del año pasado del Día Mundial contra la Violencia de Género. En el mismo, señaló que de 2003 a 2015 se registraron en Cantabria 43 contratos bonificados para víctimas de violencia de género. A ellos habría que añadir otros 10 registrados en 2016, 1 indefinido y 9 temporales. En lo que va de año (estadísticas hasta marzo) sólo se ha contabilizado un contrato indefinido y se firmó en el mes de enero. Por tanto el total es de 54 contratos en cerca de 14 años, lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar este tipo de contratación.
Contratos bonificados En lo que va de año sólo se ha firmado 1 en Cantabria. Desde 2003 a marzo de 2017, 53.
Contratos de sustitución En cuanto a los contratos de sustitución se han realizado 43 en la región desde 2003 a marzo de 2017.
RAI En marzo de esta año había 215 víctimas de violencia de género que cobraban esta renta. En diciembre de 2016 eran 303 . En toda España la perciben 22.746 mujeres.
En España, de 2003 a 2015 se habían registrado un total de 5.874 contratos, 1.543 indefinidos y 4.331 temporales. A ellos se agregan 801 en el año 2016, 161 indefinidos y 640 temporales; y 170 de enero a marzo de este año, de los que 51 son indefinidos y 119 temporales. En total se han suscrito de enero de 2003 a marzo de 2017 un total de 6.845 contratos bonificados a víctimas de violencia de género en España
Por otra parte, de 2003 a 2015 se habían registrado en Cantabria 38 contratos de sustitución de víctimas de violencia de género (para las personas que sustituyan a víctimas de violencia de género que hayan decidido cesar temporalmente en su trabajo o cambiarlo por otro en otra empresa). A ellos se unen, otros 4 en el año 2016 y 1 de enero a marzo de este año , lo que hace un total de 43, desde 2003 a marzo de 2017.
En España, se habían acumulado 1.868 contratos de sustitución de víctimas de violencia de género de 2003 a 2015; a los que se añaden 239 en el año 2016 y 107 en los tres primeros meses de 2017 (total: 2.214 desde 2003).
Por otro lado, las mujeres maltratadas pueden beneficiarse de la Renta Activa de Inserción (RAI). Para recibir esa percepción no requieren cubrir los requisitos de otros desempleados que se acogen a esta prestación asistencial por desempleo porque son un colectivo especial y protegido. En Cantabria, en marzo de este año había 215 víctimas de violencia de género que percibían la RAI. En diciembre de 2016 las beneficiarias eran 303. En España, en marzo de 2017 había 22.746 víctimas de violencia de género que eran perceptoras de la de esta renta y en diciembre del año pasado 33.565.
Las bonificaciones para contratar a mujeres víctimas de la violencia de género entraron en vigor con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004. Antes se aplicaban las bonificaciones generales de cualquier tipo de contrato.
Estos contratos incluyen bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de 125 euros mensuales (1.500 euros al año) en los contratos indefinidos y de 50 euros mensuales (600 euros anuales) para los temporales, además de estipular una bonificación del 100% para los contratos de interinidad o sustitución que realicen las empresas cuando tengan que reemplazar a una mujer maltratada, que tiene derecho a suspender o extinguir su relación laboral sin perder la prestación por desempleo».
La instrucción del Servicio Cántabro de Empleo unifica criterios para la puesta en práctica del programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género para aplicarlos en las diferentes oficinas de empleo de la región. Se trata de gestionar los posibles empleos existentes a través de bolsas específicas tienen en cuenta el perfil de las demandantes así como la puesta en marcha de becas para diferentes cursos de formación. Los compromisos de actuación son el ofrecimiento de esos puestos de trabajo adaptados al perfil; priorizar las candidaduras para que las Administraciones Públicas apoyen activamente a las víctimas; ofrecerles la oportunidad de una movilidad geográfica al menos dentro de la autonomía y contribuir a su desarrollo personal en relación con el trabajo realizado desde otros ámbitos de actuación (psicológico, social, jurídico).
La instrucción recoge la documentación que se requiere para acreditar la condición de víctima de género (sentencia judicial, orden de protección, informe ministerio fiscal,,,) y la norma aprobada en diciembre de 2008 para la tutorizaciòn de las víctimas.
En cuanto a la bolsa de empleo, las mujeres víctimas de violencia de género quedan inscritas en el apartado específico ‘intermediación para tutores de VVG’. La inscripción es voluntaria y debe realizarse una entrevista personal con el fin de determinar el diagnóstico de la empleabilidad, perfil profesional y su disposición para el empleo y, en su caso, la suscripción de un acuerdo personal y el diseño y realización de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral.
Hay que señalar que la instrucción prevé la emisión de un informe de difícil empleabilidad mediante el que se pone de manifiesto que la mujer víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo. Circunstancias de responsabilidades familiares, discapacidades problemas de salud , edad o falta de preparación en general son algunos de los criterios que se tendrán en cuenta para el informe que contará con documentaciones acreditativas.
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