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El número de pensionistas que cobra algún tipo de prestación de la Seguridad Social en Cantabria se eleva ya hasta la 127.424 personas, lo ... que supone que la ratio entre trabajadores y pensionistas es tan solo del 1,77, la cuarta peor de España, cuando la cifra que se considera viable para disponer de un sistema público de pensiones sostenible es de 2,5 cotizantes por pasivo.
En la comunidad autónoma hay 225.873 trabajadores que soportan la carga de las pensiones contributivas. La situación de Cantabria es bastante peor que la media española, ya que la tasa de dependencia en el conjunto del país se sitúa en el 2,18, una ratio que prácticamente se mantiene desde que hay registro, pero que presenta diferencias territoriales que fluctúan desde los holgados tres ocupados por pensionista que tiene Baleares a la casi paridad uno a uno de Asturias.
Según los datos de la Seguridad Social al cierre de julio recogidos por Efe, en España había cifras récord tanto de cotizantes ocupados, con 19,3 millones de personas, como de pensionistas, con 8,8 millones, lo que deja la tasa de dependencia en algo más de dos. Sin embargo, la distinta composición demográfica de cada zona lleva a extremos que lidera Baleares, por un lado, con 3,45 trabajadores por cada pensionista, y Asturias, por el otro, con 1,36.
La tasa de dependencia actual es inferior a la de hace diez años cuando era de 2,31 con 7,7 millones de pensionistas y 17,96 millones de ocupados, momento a partir del cual la recesión económica incidió sobre el empleo, en tanto que el número de pensionistas mantuvo su tendencia al alza. En Cantabria, la ratio está prácticamente estabilizada ya que en 2018 era de 1,74 y el año anterior algo peor, de 1,67.
Así, la relación entre cotizantes ocupados y pensionistas pasó su peor momento en 2013, cuando en lo más agudo de la crisis se quedó en 1,95, aunque en la anterior recesión de principios de los años 90 llegó a ser inferior a 1,90. No obstante, desde 2013 se fue recuperando ligeramente hasta volver a los niveles de 2011, aunque aún por debajo del máximo de 2,5 afiliados ocupados por cada pensionista de los años 2006 y 2007.
En la actualidad, el grueso de los 19,29 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social que había en julio se encuentra enmarcado en el régimen general, que agrupa a 14,8 millones de trabajadores, en tanto que hay 3,26 millones de autónomos, 69.000 trabajadores del régimen del mar y 1.300 del carbón.
A 1 de julio se pagaron pensiones públicas a más de 8,8 millones de personas, un número que ha ido en aumento año a año, sumando unos 100.000 pensionistas anuales de media desde 2007. Del total de estos pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación, seguidos de los perceptores de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares.
El problema está ligado a la curva demográfica, en tanto que la afiliación a la Seguridad Social está condicionada por la situación económica. Si además de los ocupados se tienen en cuenta los desempleados con prestación o subsidio contributivo, en total habría en julio 20,46 millones de cotizantes a la Seguridad Social, por lo que la ratio sobre los pensionistas aumentaría a 2,31.
De acuerdo con un reciente estudio realizado por el sindicato USO, los pensionistas de Cantabria perciben ingresos un 1,7% superiores a la media nacional. El estudio, realizado con datos del INSS, establece una radiografía de los pensionistas cántabros. Un cántabro cobra actualmente de media 1.044,92 euros de pensión. Aunque es un 33% más que hace una década, si se tiene en cuenta la inflación, el incremento es del 21%, un 1,7% más que la media del Estado.
En lo referido a la jubilación, los cántabros suman 86.471, un 14% más que hace diez años y cinco puntos menos que en el ámbito estatal que creció un 19%. La pensión media de un jubilado cántabro es de 1.209,94 euros, un 23,88% por encima del IPC acumulado. La evolución de las pensiones medias estatales fue dos puntos inferior a la media cántabra.
En cuanto a la edad media de acceso real a la jubilación, los cántabros que se retiran dentro del sistema general lo hacen 1,7 años más tarde que la media. El Icane fija esta edad en 63,9 años, mientras que en el conjunto del país es de 62,2 años.
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Ana del Castillo
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