El caos de Muface precipita la salida de 45.000 funcionarios y familiares a la sanidad pública

En total, 45.629 personas (entre titulares y beneficiarios) dejaron la sanidad concertada en esos primeros días del año en los que aún existían serias dudas sobre si alguna aseguradora acudiría a la licitación para el nuevo convenio. Así se desprende de las cifras que la la directora de Muface, Myriam Pallarés, ha trasladado este miércoles a los sindicatos, durante la reunión del Consejo General de la mutualidad. El cambio ha propiciado que, al terminar el plazo de permutas, un 64,7% de los utualistas estén adscritos a entidades concertadas y un 35,3% a la opción pública.

La cifra dobla las 'fugas' hacia la Seguridad Social que se produjeron en el mismo periodo del año pasado. Y confirma la fuerte incertidumbre vivida en el colectivo durante las semanas de mayor tensión entre el Gobierno y las aseguradoras, que hasta mediados de febrero no confirmaron que acudirían a la oferta de Función Pública, tras conseguir -tras duras semanas de negociaciones- una mejora en las primas del 41,2% en tres años, por un importe total de 4.808 millones de euros.

Los datos se conocen, además, en pleno debate sobre el futuro de este modelo sanitario, después de que la Airef haya recomendado al Gobierno que todos los nuevos funcionarios que vayan ingresando a la Administración pasen directamente a formar parte del INSS, tras constatar que así lo hacen ya más del 70% de ellos (los de neuva incorporación).

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, que se opone frontalmente a un plan que supondría el final, aunque sea a largo plazo, del servicio. «Exigimos al Gobierno que garantice a largo plazo la viabilidad del mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) que ha funcionado eficazmente durante décadas, pero que debe recuperar la calidad perdida en la asistencia sanitaria por la falta de financiación de los últimos conciertos. No aceptamos que el informe de la AiREF hecho público esta semana se utilice como excusa para desmantelar el modelo», advertían en un comunicado.

El sindicato lleva tiempo denunciando, eso sí, la reducción de los cuadros médicos en los últimos años. Por ello exige al Gobierno que actue con contundencia en este sentido.

Durante la reunión, Muface ha trasladado que el nuevo concierto sanitario, ya bajo el paraguas de Adeslas y de Asisa, se firmará previsiblemente después de Semana Santa. Es decir, que lo más probable es que su entrada en vigor se retrase hasta mayo.

Durante ese 'vacío', Función Pública iniciará una nueva prórroga para que Adeslas, Asisa y DKV (que ya decidió que no seguirá prestando el servicio) mantengan las condiciones y la continuidad asistencial a sus pacientes adscritos.

La mayor duda se centra ahora en qué pasará con los 200.000 funcionarios que ahora pertenecen a DKV y que deben elegir entre cambiar de aseguradora o pasar a la Seguridad Social. Según el Ministerio dirigido por Óscar López, una vez que el nuevo concierto entre en vigor, se establecerá un plazo de un mes para que todos puedan tomar su decisión.