El caso del cártel de los camiones afecta a más de 350 transportistas en Cantabria

Más de 350 transportistas de Cantabria están inmersos en demandas judiciales por el denominado caso del 'cártel de los camiones' derivado de la condena a un grupo de fabricantes -MAN, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, DAF y Scania- por pactar precios entre 1997 y 2011.

Según explica la Agrupación de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera de Cantabria (Aetrac), en la Comunidad los procedimientos judiciales, que aún no han derivado en sentencias favorables, aglutinan a 1.200 camiones. De ahí que incluso hayan entrado en la pugna judicial fondos de inversión internacionales interesados en comprar los derechos de reclamación de los damnificados, que aspiran a obtener hasta 8.000 euros por máquina como indemnización.

Según Aetrac, «el contencioso contra el cártel de los fabricantes europeos maneja cifras astronómicas. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que en España las solicitudes de compensación pueden rondar los 1.200 millones».

El caso arrancó con la multa récord impuesta por la Comisión Europea en 2016 a los seis principales fabricantes de camiones. A raíz de aquella sanción, confirmada en abril de 2017, se interpusieron demandas en los juzgados de toda Europa, en las que los clientes reclaman indemnizaciones por el sobrecoste abonado. Especial fue la situación de España, puesto que según Aetrac los procedimientos en los tribunales se presentaron de forma acelerada porque debido a la falta de transposición de una directiva sólo existía un año para dar el paso hacia los tribunales. «Los abogados han solventado este contratiempo mediante la solicitud de interrupciones de la prescripción y ahora, además, se abre una nueva posibilidad. Scania, a diferencia del resto, defendió su inocencia y apeló, por lo que está a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si se confirma la condena, se inicia un nuevo plazo y se procede a reclamar a Scania lo relativo a cualquier otro fabricante por lo que se denomina solidaridad impropia en el acto jurídico», manifiesta el colectivo de grandes transportistas regionales.

¿Cómo está el conflicto en la actualidad? Aetrac señala que ya se han producido sentencias favorables a los transportistas en España, aunque otras, sin ser negativas para sus intereses, ponían en duda aspectos relacionados con la peritación. «La previsión es que el proceso va a ser largo porque habrá recursos por parte de los fabricantes y pueden pasar hasta cinco o seis años todavía hasta que lleguen las sentencias firmes». Según cálculos de la organización, las indemnizaciones reconocidas a los demandantes oscilan «entre el 10 y el 17% del valor de los vehículos», detallan.

Para Aetrac, uno de los pilares claves del procedimiento orbita precisamente en torno a la fase de peritación. «Calcular el sobrecoste es muy complejo porque se trata de modelos de camiones muy diferentes y precisar a cuánto asciende el lucro cesante no es sencillo. En el caso de Aetrac, en línea con su confederación nacional CETM, ha confiado en un despacho de abogados madrileño para reclamar, «con la dificultad añadida de que no cabe presentar una demanda conjunta, sino que deben ser pleitos individuales».

En el momento de cifrar las penalizaciones a los fabricantes sancionados Bruselas no ofreció una estimación de la repercusión media que este pacto tuvo sobre el precio final de los camiones, ya que éste no se determinaba sólo a partir del baremo de fábrica, sino que se veía afectado por otros factores.

También acordaron el calendario para retrasar la introducción de la tecnología necesaria en sus vehículos para cumplir las normas comunitarias en materia de emisiones contaminantes.

El tercer factor tenido en cuenta por la Comisión al establecer la multa es que las cinco grandes marcas repercutieron en los clientes los costes de implantar en sus productos los sistemas para controlar las emisiones.

Respecto a las multas, a DAF se le imputaron 752.679.000 euros; Volvo (propiedad de Renault) tuvo que hacer frente a 670.488.000 euros; Iveco a una de 494.606.000 euros; y Daimler, a quien se impone la cantidad más importante, 1.008 millones de euros.

Las irregularidades más graves detectadas en su momento por Bruselas en su investigación se refieren al acuerdo entre los participantes del cártel para fijar un «baremo de precios en bruto» para los vehículos de peso medio (entre seis y 16 toneladas) y pesados (más de 16 toneladas). Se trata de los precios de salida de fábrica que luego condicionan los precios en el sector. La palabra ahora la tienen los jueces.