Castilla y León acusa al Gobierno de enviar a la UE información «errónea» sobre la expansión del lobo

En el caso de Cantabria, la inclusión del lobo en el Lespre, ha provocado un enconado rechazo por parte de la Consejería de Medioambiente, comandada por un Guillermo Blanco que no ha dudado en criticar abiertamente en varias ocasiones tanto al Gobierno como a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Dicha postura también ha generado tensión entre los socios del Gobierno regional, dado que el PSOE reaccionó criticando la actitud de Blanco en el conflicto.

Mientras el Ejecutivo central justificó la decisión del Lespre en el hecho de que la población de lobos se encuentra en peligro, las comunidades norteñas afirman que esa realidad solo afecta a la zona comprendida entre el Duero hasta el sur de España. Por ello, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias, comunidades que afirmaban que las poblaciones de lobos se estaban expandiendo por sus territorios, se han sumado a las críticas a la postura del Ejecutivo. Ahora, la petición realizada por parte de este a la Comisión Europea junto a otros once países, cuyo fin es que se garantice la protección de lobo, ha vuelto a indignar a las cuatro comunidades. Dicha petición se suma también al rechazo que estos países han planteado a la resolución del Parlamento de la UE para cambiar el estatus de protección de esta especie así como de los osos con el fin de proteger al ganado de sus ataques.

En ese contexto, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha afirmado que la población de manadas de lobo en las provincias del noroeste de España está en «una amplia y rápida expansión» y ha acusado al Gobierno central de remitir a la Comisión Europea información «errónea» al asegurar que esa población está en «regresión». Suárez-Quiñones ha afirmado que las cuatro Comunidades del noroeste de España están trabajando en un censo de la población del lobo que será remitido a la Comisión Europea ya que los datos que se tienen «no coinciden con los que ha remitido el Gobierno de España, una información errónea con la que tratan de cubrir lo que ha hecho» y que es, según el consejero, impedir que las Comunidades puedan gestiona esta especia en favor de los ganadores y del medio rural.

Según el informe enviado por España a la Comisión, la evolución de la población del lobo «está en un estado de conservación desfavorable, está en regresión», que es «lo contrario» a lo que dicen las cuatro comunidades del noroeste, ya que, tal y como ha aseverado el consejero, en Castilla y León «hay un crecimiento sustancial de las manadas».

«Eso es algo, es una verdad que conoce todo el mundo en los pueblos. Lo que pasa que cuando se gobierna desde la moqueta, desde la Moncloa y desde la Castellana no se ven las cosas», ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha indicado que si se conociese el territorio y se hablase con los ganaderos y con los alcaldes y se estuviera «en contacto con la realidad, no haría falta un censo, porque el incremento es notable».

Sobre los países que apoyan a España, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha explicado que son los estado «que no tiene problemas con el lobo» y ha aseverado que es lo mismo que pasó en España cuando se incluyó al lobo en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), que salió adelante con el apoyo de comunidades que no tienen lobos, como es el caso de Canarias o Baleares. «Eso pasa ahora en Europa, el Gobierno de España busca apoyos donde puede para blanquear esta acción contra el medio rural y contra la ganadería extensiva y busca en territorios que no tienen este problema«, ha subrayado.