Celsa apela al Constitucional y a la justicia europea ante la ofensiva de los fondos

Los dueños de la corporación, la familia Rubiralta, han respondido recientemente en dicho tribunal a la nueva exigencia de los acreedores, que instaban ya a la ejecución de dicho plan toda vez que la negociación entre las partes parece haber entrado en punto muerto, hasta el punto de estar rota en la actualidad. Los empresarios apelan al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea para frenar el avance de los bonistas en sede judicial.

En concreto, la representación legal de Celsa ha requerido al juez para que traslade al organismo con sede en Luxemburgo una cuestión de prejudicialidad en relación a la nueva Ley Concursal española, que en la práctica no es más que una transposición de la directiva europea. En este caso, la compañía entiende que la legislación que se está empezando a aplicar en España -el caso de Celsa es uno de los primeros expedientes y que sentará jurisprudencia a futuro- no recoge algo que sí que está incluido en la directiva continental: la participación de los deudores en el plan de reestructuración.

La dueña de GSW no pretende otra cosa que el juez consulte a la UE si está actuando bien al aplicar la Ley. En paralelo, gana tiempo mientras los tribunales continentales se pronuncian.

En paralelo, la vía del Constitucional. El recurso de los Rubiralta transita por una doble vertiente en este caso. Dos cuestiones de inconstitucionalidad en las que la primera versa sobre el artículo 640.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal, en particular sobre si se está vulnerando la libertad de empresa reconocida en la Carta Magna.

Como complemento, otra segunda duda para el magistrado, que hace referencia a la violación de la tutela judicial efectiva por no permitir que se impugne el auto de homologación.

Tres aspectos con los que Celsa mete una marcha más en su defensa legal en pos de fisuras en una nueva legislación que, fruto precisamente de su bisoñez, aún tiene que ajustarse a los casos reales.

Por otro lado, el presidente de la corporación, Francesc Rubiralta, en calidad de máximo representante de Eurofer, reivindicó la semana pasada más ayudas para el sector en Europa con el objetivo de poder competir con las compañías de Estados Unidos. El empresario resumió sus demandas en tres puntos muy concretos: acceso a energía baja en carbono suficiente y asequible y a chatarra de acero para la transición; más seguridad y procedimientos más rápidos de financiación pública para la concesión de permisos y el establecimiento de mercados líderes para el acero verde; y, finalmente, una política comercial que sea lo suficientemente flexible como para garantizar la igualdad de condiciones con los competidores mundiales.

«El acero es fundamental para cumplir con los objetivos de energías renovables de la Unión Europea, ya que es el material central utilizado en todas las tecnologías de energía verde y en las cadenas de valor de tecnología limpia» y remarcó que «cada nuevo MW de energía eólica requiere más de 120 toneladas de acero y que las turbinas eólicas están hechas en un 70% con este material esencial».

Sin embargo, advirtió de que el sector necesita apoyo de Europa para respaldar los objetivos del Pacto Verde como se está haciendo también en otros países, y puso el ejemplo de los Estados Unido, quien ha impulsado y adaptado medidas para el sector del acero norteamericano.

millones de financiación estatal están bloqueados por el desacuerdo entre las partes.