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Tras meses de conflicto, el Grupo Celsa y los acreedores se preparan para llegar a un acuerdo que garantice el futuro de la compañía, propietaria entre otras, de la fábrica de la Global Steel Wire en Cantabria. La idea es alcanzar el consenso lo antes ... posible una vez que el Consejo de Ministros aprobó el lunes el rescate de 550 millones pero condicionado a que empresa y acreedores lleguen a un acuerdo. El principal caballo de batalla sigue siendo el importe del instrumento con el que los acreedores esperan beneficiarse de los derechos económicos que la siderúrgica genere en el futuro.
El presidente del comité de empresa de Global Steel Wire, Joaquín Cifrián (UGT), confía en que a lo largo de esta semana se alcance un acuerdo una vez que Bruselas y el Gobierno español han dado el visto bueno al reflote de la compañía. «Lo último que sabemos es que se mantienen abiertas las negociaciones y que el problema está en la quita de la deuda que ronda los 1.300 millones de euros», señala. El representante de los trabajadores de la fábrica de Nueva Montaña recuerda que mañana concluye el plazo previsto para la negociación pero no descarta que «viendo el volumen de la operación y su importancia no se amplía unos días más hasta cerrar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes».
Cifrián reconoce que los plazos son extremadamente ajustados, dado que el Ejecutivo no podía autorizar ningún rescate empresarial más allá de mañana, 30 de junio. Sin embargo las diferencias entre los acreedores y la compañía han llevado al límite la operación. La SEPI, que ya había considerado a la compañía catalana como susceptible de recibir ayudas públicas, solo ha puesto una condición: que la empresa pacte una reestructuración con sus acreedores para rebajar la deuda desde los 2.300 millones actuales, en unos 1.000 millones.
Mientras la operación del rescate ya cuenta con el visto bueno de Bruselas y el Gobierno nacional, las posiciones continúan alejadas. Los acreedores admitían una posible quita, siempre que los Rubiralta -familia propietaria del grupo- aceptasen convertir parte de la deuda en el 49% del capital. Y creasen un instrumento preferente, emitido en Luxemburgo, por 700 millones. La familia catalana ha sido inflexible y reclama que acepten una quita de más de 1.000 millones sin contrapartida, aludiendo al alto descuento al que los actuales dueños de esta deuda la habían adquirido a los bancos. Este grupo de acreedores está conformado por los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global.
En cuanto al recate, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado la ayuda solicitada por Celsa por valor de 550 millones de euros. La cuantía será canalizada a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones, y dado que el primero es superior a 250 millones de euros, ha sido necesaria la autorización por parte de la Comisión Europea antes de que llegara al Consejo de Ministros, donde fue aporobada el lunes.
La operación ha salido adelante tras el análisis de la situación económica y jurídica de la siderúrgica, del impacto que ha sufrido por la pandemia y de su plan de viabilidad, y de la reestructuración de la deuda con sus acreedores. El grupo, que cuenta con una deuda superior a los 2.000 millones de euros en España, cerró 2021 con una facturación de 5.300 millones y un ebitda alrededor de los 600 millones a nivel global, y cuenta con 4.500 trabajadores en España y cerca de 10.000 en toda Europa.
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