La CEOE teme una «burbuja eólica» y los ecologistas alertan de un «gran pelotazo»

De las ventajas e inconvenientes de la energía eólica en Cantabria se habló el jueves en el Espacio Ricardo Lorenzo, cedido por el Colegio de Arquitectos. Organizado por la cooperativa de energías renovables Solabria y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, empresas, asociaciones y colectivos ecologistas intercambiaron impresiones sobre la implantación en la región de este tipo de energía renovable, un debate en el que no participó el Gobierno de Cantabria a pesar de que había sido invitado.

Articulado en tres mesas redondas, el representante de la CEOE-Cepyme, Martín Silván, mostró la «preocupación» de la patronal porque se produzca «una burbuja eólica» que perjudique a «proyectos sensatos y convenientes para Cantabria».

Especialista en Derecho del Medio Ambiente y con más de 20 años de experiencia en asuntos medioambientales, Silván reclamó también «un marco normativo que dé seguridad jurídica» a las empresas del sector. Y es que la implantación en Cantabria de este tipo de fuentes energéticas ha estado rodeada de polémica desde que hace casi diez años se anulase el plan eólico diseñado para la región. Sus últimas consecuencias a nivel judicial se están conociendo ahora después de que la Audiencia Nacional haya condenado al Gobierno regional a indemnizar a dos de las empresas que se quedaron en la estacada tras la revocación del plan. En lo que coincidieron todos los expertos es en la necesidad de impulsar este tipo de proyectos.

Para Juan Ramón Ayuso, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), es fundamental que Cantabria se ponga las pilas porque la «comunidad autónoma que se quede atrás perderá todas las ventajas de las tecnologías eólicas». A su juicio, «se trata de un sector en continuo crecimiento desde que se reactivó hace unos años. En nuestro país ya se han creado más de 22.000 empleos en el sector y Cantabria es una región que tiene enormes posibilidades para obtener un importante desarrollo industrial implantando la energía eólica en su territorio». Esta visión fue respaldada por Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la organización referente que agrupa a más del 90% del sector eólico en España.

Al otro lado se situaron los sectores ecologistas. El más beligerante fue Carlos García, representante de Arca, la asociación que consiguió la anulación del concurso eólico en los tribunales. A su juicio, «los parques eólicos no son inocuos. La actividad es buena, pero pueden ser desastrosos según dónde se instalen». Como paso previo reclamó la redacción de un plan de ordenación del territorio, «fundamental para poner eólicos», y reiteró que «las zonas de montaña no son para eólicos», además de alertar sobre «el gran pelotazo» que cierne en Cantabria con la «avalancha» de proyectos presentados.

Más moderado fue el representante de Ecologistas en Acción en Asturias, Paco Ramos, para quien «la implantación racional y ordenada de entre 500 y 1.000 megavatios en Cantabria, daría un giro radical a la situación actual, en la que la región es la comunidad autónoma más deficitaria del país en términos de población, pasando a producir más del 50% de la energía necesaria gracias a fuentes renovables».