El 'cheque resistencia' ayudará con los gastos fijos a 7.681 autónomos y pymes

En este momento de incertidumbre para la economía, el colectivo de autónomos y micropymes de Cantabria ha acogido con mucho interés la convocatoria de ayudas del Gobierno de Cantabria, publicadas en el BOC el pasado jueves, con un presupuesto de 10 millones de euros para paliar el impacto del estado de alarma decretado ante el Covid-19, que ha acarreado medidas restrictivas, el cierre obligatorio de muchos negocios y la caída del consumo.

La ayuda bautizada con el nombre de 'cheque resistencia' comenzará a tramitarse a principios de semana de manera telemática, a través de la web de Sodercán, y repercutirá en 7.681 autónomos y micropymes con menos de 10 empleados. La aportación varía desde 150 euros semanales a 300, en función del número de asalariados, y tienen la finalidad de compensar gastos fijos que tendrán que hacer frente las empresas durante el estado de alarma.

La difícil situación económica hace prever «un aluvión de solicitantes porque toda ayuda es poca. Esta ayuda ha despertado interés en el comercio para contribuir a que siga vivo el negocio. Cabe esperar una plataforma sólida para el registro de tantas solicitudes de la ayuda», destacó Gonzalo Cayón, secretario general en Federación del Comercio de Cantabria, Coercán.

La orden del Gobierno recoge que las microempresas y los autónomos «sufrirán con mayor dureza esta falta de liquidez», por lo que desde el Gobierno de Cantabria se considera «imprescindible un apoyo público bien dirigido para garantizar que haya suficiente liquidez disponible para este tipo de empresas, que permita contrarrestar el daño infligido a empresas sanas y para preservar la continuidad de su actividad durante y después del brote de Covid-19».

El problema que se plantea desde las asociaciones de comerciantes es el riesgo a dejar fuera a determinados perfiles. «No sabemos hasta que punto beneficiarán a nuestros asociados», explicó Beatriz Hazas, presidenta de la Asociación de Comercio Astillero y Guarnizo. «En casos como la pescadería, al ser de alimentación debe de abrir, pero ha cerrado por la bajada de las ventas y la complicación de ir a MercaBilbao a diario en dos furgonetas, ya que solo se permite una persona por vehículo». Además, destacó la difícil situación de negocios con licencia de papelería que tienen que abrir porque venden prensa o talleres de reparación que han tenido que cerrar por falta de piezas.

Por otro lado, esta organización de comerciantes puso el acento en las ayudas al alquiler y ha solicitado la exención de una parte del IBI a los propietarios que voluntariamente acuerden no cobrar el alquiler durante el estado de alarma.

Por su parte, Salvador Victorino, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, manifestó que el 'cheque resistencia' «es un aliciente y además, compatible con otras ayudas estatales». Sin embargo, coincidió con que determinados establecimientos «no saben si se quedarán fuera de la percepción de estas ayudas, asociados como droguerías, tiendas de golosinas, pastelerías o electrodomésticos, que no están contemplados en la orden del cierre obligatorio. Hemos solicitado una ampliación para este tipo de actividades que se van a asfixiar», apuntó.

La recomendación que plantea la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo es dar un paso más con la exoneración de impuestos: «Los comercios cerrados van a seguir pagando impuestos como el servicio de basura, agua y luz. Pedimos la condonación de estas tasas en el cierre», destacó su presidente, Agustín Ordejón. «Va a ser muy duro hacer frente a los gastos fijos sin facturar: sueldos, Seguridad Social, la cuota de autónomos... ¿Aguantaremos? Quizá estas ayudas sean insuficientes. ¿Qué pasará con el recibo de la energía que no se va a consumir? Es el gran reto. A grandes problemas, grandes soluciones», concluyó.

La Delegación Territorial en Cantabria de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) lamentó que la Agencia Tributaria «no haya ofrecido aún un aplazamiento en los plazos de presentación de las declaraciones tributarias», tal y como ha hecho Cantabria y la mayor parte de las comunidades, en los impuestos que son de su competencia, siguiendo las recomendaciones establecidas por la OCDE». El delegado territorial, Manolo Fernández, consideró que el Gobierno «está siendo insensible».