El absentismo laboral cuesta 700 millones de euros en Cantabria

La preocupación por el absentismo laboral no es nueva, hasta el punto de que Gobierno y empresas de Cantabria llevan tiempo situándolo como una de las principales tribulaciones de cara al futuro para que las organizaciones alcancen sus objetivos. El fenómeno, definido como la ausencia de un empleado por cuestiones de incapacidad temporal –accidentes de trabajo o procesos de contingencia común como la gripe; nada de permisos retribuidos o prestaciones diversas– encierra un profundo debate sobre el estado del sistema sanitario, la prevención laboral o la salud ciudadana, así como nuevos patrones conductuales, psicológicos y de consumo. Lejos de estigmatizar a los afectados, Administración, patronal y agentes sociales buscan diferentes soluciones a una problemática que en 2025 costará casi 700 millones a las compañías de la Comunidad, 50 más que en 2024.

Dicha cifra proviene de las proyecciones elaboradas por Mutua Montañesa, cuyo Observatorio periódico para evaluar la evolución del absentismo arroja una radiografía clara de la contingencia común, los procesos habituales una vez minimizado el impacto del covid, tanto en la ciudadanía en general como en el personal sociosanitario en particular.

A la espera de la nueva actualización del Observatorio en unas semanas, que la Mutua presenta junto a la CEOE con las novedades acaecidas cada cuatro meses, las tendencias son claras: una sostenida subida de la incidencia –los casos– de la contingencia común que sitúan al absentismo en máximos históricos en Cantabria. Todo ello, en paralelo, con más de 7.000 accidentes laborales en 2024, «el mayor número desde 2009», recordó días atrás UGT.

Con la necesidad evidente de elevar la prevención laboral, el debate ha vuelto a la primera plana con la propuesta de la Consejería de Educación de Cantabria de incentivar la asistencia de los docentes con un complemento salarial, dentro del proceso negociador que mantiene el Ejecutivo con el colectivo para la adecuación de sus retribuciones. Es decir, la Administración no sólo se plantea ya pagar por trabajar, sino igualmente por acudir al puesto.

Porque las cifras no engañan. El número de jornadas perdidas por empleado en Cantabria cada año ha crecido desde las 15,6 registradas en 2021, con la pandemia todavía golpeando fuerte, a las 17,16 calculadas a cierre de 2024. Más aún, para este año el ratio se estima en 18,03 días.

De la misma manera, la cantidad de empleados afectados, según las estadísticas y mediciones de Mutua Montañesa, que ha introducido en los últimos años numerosas innovaciones para mejorar sus servicios de atención a pacientes y control de los procesos. Según sus bases de datos y modelos predictivos, en 2019 faltaban cada día en la región 6.351 trabajadores. La curva no hace sino aumentar: 8.674 en 2020; 9.362 en 2021... Hasta los 10.862 de 2024 y los esperados 11.622 en 2025.

El director de la Mutua, Alberto Martínez Lebeña, lamenta que el laberinto del absentismo «es un juego de suma cero, que acabará mal para todos», en el sentido de que los afectados cobran menos al no poder trabajar, mientras las empresas asumen un coste tanto productivo como económico que ralentiza sus previsiones y funcionamiento ordinario, frenando incluso su potencial crecimiento. «Estamos ante unos niveles de absentismo por incapacidad temporal nunca antes conocidos en España. Una de las formas mas evidentes para salir de la situación es apoyarse más en un modelo de colaboración público privada como el que existe en Cantabria desde hace 120 años con Mutua Montañesa».

Porque aquí radica una de las principales lagunas: el sistema sanitario público no puede en numerosas ocasiones responder con agilidad a las bajas. Bien por los tiempos de espera para pruebas diagnósticas bien directamente por las dificultades para evaluar a los pacientes y conceder altas. Según ha podido saber El Diario, los niveles de absentismo entre el propio personal médico ya sobrepasan el 10%.

Entre los sectores con mayor absentismo destaca la recogida y tratamiento de residuos con 22,15 jornadas perdidas por empleado. Un campo en el que la empresa pública MARE arroja un profundo problema.

Le sigue la industria de la alimentación, con 18,73 jornadas. Cantabria tiene en su territorio multinacionales que prácticamente doblan en su fábrica local los datos de absentismo de otras delegaciones en otros puntos de España.

A partir de aquí, otras causas y elementos. De entrada, los grupos de edad. La contingencia común entre los trabajadores de 16 a 34 años se disparó un 166,46% entre 2018 y 2023: mientras que en el colectivo entre 35 y 54 años creció un 25,4%. En cambio, los mayores de 55 años rebajan sus ausencias por contingencia común en un 8,88% en el periodo. Los más jóvenes, apuntan varios empresarios, accedieron al mercado laboral en plena pandemia, un contexto caracterizado por bajas casi automáticas en caso de necesidad.

Por tipos de baja, el 90% de las mismas dura menos de 90 días; el 60% menos de siete días; y el 70% se extiende por un periodo inferior a los 15 días.

Igualmente impacta el incremento de los casos por afecciones psicosociales. Un 14% de los pacientes tratados por la Mutua ya tiene su origen en este área. Los casos suben un 270,33% entre 2018 y 2023 entre el colectivo más joven.

Asimismo, otros patrones conductuales. El mayor porcentaje de jornadas perdidas se produce los lunes, un peso que va cayendo según transcurre la semana.

Entre tanta estadística, un concepto diferente: el del absentismo reincidente, correspondiente con trabajadores que sufren más de una patología diferente a lo largo de un mismo año. Según datos de la patronal de mutuas AMAT, el 48,09% de las bajas se concentra en el 6,81% de los empleados. Una radiografía extrapolable a Cantabria, donde hay tipificados 9.150 empleados con absentismo reincidente.

Además, el freno en la Administración regional, con mayor incidencia mensual y duración de los procesos que en el ámbito privado. Tanto el concepto de «prestación refugio», como la percepción de seguridad en épocas de máximos de afiliación, así como la sobrecarga de los centros de salud y la escasez de inspectores de la Consejería de Sanidad –más de la mitad de los casos que deriva la Mutua al entender que el paciente ya puede trabajar finaliza en alta– completan el puzle.

La propia presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, se está poniendo al frente del problema en busca de soluciones. Según razona el Ejecutivo, se ha puesto en marcha el Plan de reducción de las listas de espera, «que empieza a producir efectos muy notables, puesto que ha invertido la tendencia y hemos empezado a reducir las demoras de forma muy importante».

Además, entre otras actuaciones, «se ha aumentado la contratación de psicólogos en Atención Primaria para atender los trastornos psicosociales; y se han recuperado los contratos de gestión en Atención Primaria, que asocian incentivos al cumplimiento y seguimiento de una serie de indicadores, entre ellos el de incapacidad temporal».

El próximo 4 de marzo está previsto que el Gobierno se reúna con CEOE y la Mutua Montañesa para continuar el seguimiento del problema.

La patronal CEOE-Cepyme Cantabria se está mostrando muy crítica con el fenómeno del absentismo. La organización identifica «dos aspectos que en estos años han ganado terreno de forma importante: la pérdida de recursos materiales y humanos en la sanidad pública; y el importante incremento de los factores psicosanitarios. Es decir, aquellos relacionados con la salud mental», arranca el presidente, Enrique Conde.

CEOE asegura que desde 2019 el absentismo en la Comunidad ha crecido más del 60% y supone ya el 85% de las ausencias de los empleados a su puesto laboral.

Por ello, propone diferentes soluciones para revertir esta tendencia que «lastra la productividad», a juicio de las empresas. La primera, un refuerzo y mejora de la atención primaria para reducir las listas e identificar posible fraude; simplificación de los trámites; y colaboración público-privada para agilizar los casos de contingencia común.

Conde igualmente hace referencia a otros factores, especialmente relativos a la salud mental. Por ello, aboga por entornos laborales «más sanos» elevando la flexibilidad y la conciliación. Pero en paralelo también recuerda los retos derivados de la digitalización y las nuevas adicciones al respecto.

Los sindicatos cántabros tienen claro que no se debe estigmatizar a los trabajadores ni enarbolar el absentismo simplemente con cifras, puesto que detrás «hay personas». Como ejemplo, el secretario ejecutivo de UGT, Valentín Fernández, lo define como «un fenómeno complejo relacionado con factores laborales, organizativos y de salud que no puede identificarse simplemente con una falta de voluntad o compromiso de las personas trabajadoras». Además, aboga por una «verdadera colaboración tripartita» entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Laura Lombilla, secretaria de Empleo y Salud Laboral de CC OO en Cantabria, sostiene que «muchos de estos problemas tienen su origen en la precariedad, la sobrecarga laboral y la ausencia de una prevención de riesgos laborales adecuada. Para reducirlos, es esencial avanzar hacia empleos más seguros y saludables, asegurando el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención». Como remate, opina que «la falta de personal y la intensificación del trabajo provocan fatiga, estrés y mayor exposición a riesgos».

La secretaria general de USO, Mercedes Martínez, apunta «al deterioro de la sanidad pública como uno de los factores principales. Las listas de espera tanto en la atención de especialistas como pruebas diagnósticas están alargando exponencialmente los procesos». En paralelo, el incremento de cotizantes mayores de 50 años en la última década.

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