Cientos de fijos-discontinuos de Cantabria se quedan sin cobrar el paro en verano

El SEPE arma esta decisión tras un cambio de criterio promovido a raíz de un plan de choque contra el fraude en la contratación impulsado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, integrada en el Ministerio de Trabajo que pilota Yolanda Díaz (Unidas Podemos). Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, el organismo inspector ha detectado «potenciales irregularidades en la utilización del contrato fijo discontinuo», de modo que a través de cartas informativas remitidas por todo el territorio nacional se está instando a las empresas a convertir este tipo de vínculos laborales en contratos ordinarios e incluso indefinidos.

En concreto, respecto a lo que está ocurriendo en Cantabria, Trabajo aduce que este tipo de empleados mantienen una vinculación superior al 80% del tiempo transcurrido durante la primera contratación, por lo que no encaja este tipo de relación fija-discontinua.

El problema estriba en que muchas compañías no tienen actividad durante julio y agosto, de modo que sus márgenes de beneficio descarrilarían en caso de absorber una misma plantilla durante 12 meses para un trabajo de sólo diez. Las empresas afectadas tienen un mes para comunicar a Trabajo la situación, pero la Inspección ya ha avanzado que los contratos bajo la lupa serán objeto del consiguiente examen y avisan de potenciales sanciones en caso de no proceder a la regularización que entiende correcta el Ministerio.

El órgano estatal apunta que el 1,1% de las empresas que tienen trabajadores dados de alta está afectado por esta «conducta» contractual. A nivel nacional, medios como El Debate cifran en 200.000 los empleados que tendrán que cambiar la naturaleza de sus contratos. Visto de otra manera, 200.000 personas que no computarán como parados en los meses estivales.

La cuestión es el citado 'limbo' en que han quedado las personas afectadas, que ya habían sido despedidas de sus habituales puestos hasta septiembre y, en paralelo, no van a poder cobrar su prestación ya que el SEPE se la ha denegado al entender que con esta nueva orientación de la legislación no les corresponde al tener que estar en plantilla.

La solución tendrá que llegar por vía judicial. Tanto desde el prisma corporativo como el de los trabajadores. Sindicatos como USO tienen entre manos varios casos. «USO va a exigir al Ministerio de Trabajo y al SEPE una inmediata solución a este problema creado por ellos y que deja en el limbo y sin salarios a cientos de trabajadores en Cantabria. El sindicato prepara recursos judiciales para la defensa de los colectivos afectados».

Fuentes sindicales igualmente ponen el acento en la interpretación realizada por la Inspección en relación al porcentaje de tiempo de contratación desde la primera firma, cuando en principio no hay una cifra en concreto estipulada.

En todo caso, los cambios en la legislación laboral, que están impulsando la contratación indefinida, en el caso de Cantabria a unas tasas próximas al 35% cuando previamente oscilaban alrededor del 9%, tienen en sus primeros meses estos otros efectos colaterales. Seguramente sean los jueces y las propias actas de la Inspección las que vayan ajustando estos potenciales 'espacios vacíos' de la legislación. Por el momento, a cientos de cántabros les tocará pleitear para defender sus derechos.