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La parcela otorgada a Coated Solutions (SCS) para levantar una segunda fábrica de acero en el Puerto de Santander continuará ocupada por vehículos. La compañía siderúrgica propiedad de Network Steel Resources ha solicitado otro año más de suspensión temporal parcial de la concesión, algo ... que el Consejo de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha aprobado hasta junio de 2024.
60.369 metros cuadrados
de concesión tiene suspendidos la empresa, suelo que el Puerto usa como parking.
En otras palabras, la empresa todavía no está en condiciones de presentar un proyecto inversor en esos suelos, similar al que planteó hasta 2018, cuando asqueada por la lentitud administrativa del Gobierno autonómico decidió trasladar a León su iniciativa para construir una planta de galvanizado de acero.
Ahora, en la solicitud de aplazamiento registrada en las oficinas portuarias, se añaden nuevos matices a raíz de la particular coyuntura que vive la economía y el sector del acero tras una pandemia y una guerra en Europa. En concreto, Coated Solutions pone el foco en el contexto, que afecta de manera «importante y sustancial» a la industria siderúrgica, una tendencia que no ha variado en los últimos tiempos. Incertidumbre que, a juicio de la corporación, sigue aconsejando una «redefinición» del posible proyecto que se pueda desarrollar en el recinto portuario de la capital autonómica.
A partir de aquí, la primera gran novedad, pues la empresa no descarta una vía alternativa en forma de «explotación conjunta con un tercero» que permitiera ampliar el alcance del propio proyecto.
En paralelo, evidentemente, el déficit de almacenamiento con el que choca constantemente el Puerto, especialmente en el ámbito del automóvil, lo que hace de los 60.369 m2 que libera SCS todo un balón de oxígeno para la actividad ordinaria de la APS.
En todo caso, la indefinición continuará al menos otro año más. La finca estaba predestinada a albergar una ambiciosa ampliación en la que Santander Coated Solutions proyectaba una inversión superior a los 50 millones y que preveía crear 200 empleos. Sin embargo, los retrasos en la tramitación administrativa, en especial en lo relativo a los permisos ambientales, llevaron a la organización a trasladar su plan a León. La maquinaria para la nueva factoría incluso estaba ya en almacenes portuarios, por lo que la marcha fue uno de los grandes fracasos del final de la legislatura 2015-2019.
Hace más de un año El Diario ya explicaba que Santander Coated Solutions trasladaría en semanas la nueva idea que tenía la compañía para poder utilizar la superficie.
Así lo esperaba el Puerto, pero el paso de los meses trocó aquel optimismo y confianza iniciales por cierta decepción. A finales de 2022 la cúpula portuaria no tenía conocimiento del detalle de esa supuesta inversión, por lo que la finca reservada para levantar una nueva fábrica o instalación industrial permanece como aparcamiento improvisado de vehículos y cabezas de camión.
El Puerto aseguraba hace casi 12 meses que la compañía había «garantizado» una nueva actuación industrial. Con todo, la entidad que preside Francisco Martín avanzaba que estaría vigilante respecto a que la actuación sea de dimensión similar en cuanto a tráfico y creación de empleo que la original. No en vano, los terrenos portuarios son muy valiosos y están altamente cotizados en la actualidad.
La APS lleva desde mediados de 2019 empleando los terrenos vacíos a modo de zona de aparcamiento de vehículos o, en ocasiones, como almacén de materiales eólicos ante la falta de espacio en el recinto. Un uso muy menor para una concesión de más de 60.000 m2, en la superficie adyacente a la parcela de 15.000 m2 donde la compañía opera su planta en la capital.
Fuentes de la APS reconocían que el interés máximo pasa por que «algo ocurra en esa finca» en el sentido de que revierta en nuevo tráfico, inversiones y empleo.
El Ejecutivo autonómico sigue estando en el capital social de Santander Coated. No obstante, Sodercán, la firma con la que la Administración entró en el Consejo, retiró sus representantes en diciembre de 2018 ante la «falta de información» sobre la futura ampliación. La decisión, sin embargo, se adoptó con anterioridad ante la sorpresa generada en el Gobierno por el anuncio del grupo de que se veía obligado a revaluar la actuación ante las dificultades para obtener las autorizaciones pertinentes.
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