Secciones
Servicios
Destacamos
Hasta 2008 hay que remontarse para el juicio que arranca este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria contra siete de los exdirectivos británicos de B3 Cable. Fue en ese año cuando la empresa adquirió la fábrica en Maliaño por 18,8 millones de euros ... , gracias a un acuerdo de financiación con una entidad bancaria. A los acusados se les imputa el haberse apropiado indebidamente de 6,3 millones de euros de ese préstamo y un segundo delito contra la hacienda pública por defraudar 508.000 euros.
El juicio arranca este martes a las nueve y media de la mañana, pero tendrá continuidad el miércoles, 31 de enero, y los días 1, 6, 7 y 8 de febrero. Tiempo en el que se esclarecerá si los siete acusados, que formaban parte de la Junta de Accionistas de B3 Cable, son o no culpables de los delitos que se les achacan. La Fiscalía apunta que dos meses después de la operación para adquirir la fábrica, aprobaron abonar 6,3 millones de euros a otra mercantil, participada por cinco de los acusados, en concepto de la gestión, sin embargo esta mercantil «no prestó ningún servicio ni realizó gestión alguna», por lo que mantiene que «los acusados actuaron guiados por la intención de obtener un ilícito beneficio». A su vez pudieron incurrir en un segundo delito cuando B3 Cable procedió a realizar la liquidación del Impuesto de Sociedades, ya que «al deducirse gastos que no lo son por tratarse de servicios ficticios, la cuota defraudada asciende a 508.590 euros».
Las penas solicitadas para los cuatro acusados que eran administradores de B3 Cable y por tanto autores del delito de apropiación indebida y también del delito fiscal ascienden a seis años de prisión y 2.061.360 euros de multa. Por su parte, los tres restantes que eran accionistas mayoritarios, autores del delito de apropiación indebida y cooperadores necesarios en el delito fiscal, la pena solicita asciende a cinco años y medio de cárcel y 1.552.770 euros de multa.
Por otro lado, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular por el delito fiscal, pide una pena para cada uno de ellos de tres años de prisión y multa de 1.017.180 euros, además de la pérdida durante cuatro años del disfrute de beneficios fiscales, subvenciones y ayudas públicas. En concepto de responsabilidad civil, también pide que se fije en 508.000 euros la indemnización a la Hacienda Pública.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.