El Comité Regional de UGT asocia la recuperación a subidas salariales acordes a la escalada de precios

En este sentido, el máximo órgano entre congresos del sindicato, reitera el planteamiento que viene realizando UGT de incrementar en 2022 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales y la remuneración mínima de los convenios colectivos hasta los 1.100 euros, tras recordar que el IPC aumentó en 2021 un 6,5%, cuatro veces más que los salarios pactados en convenio colectivo (1,5%).

El Comité Regional de UGT, sindicato mayoritario en la región con más de 19.000 afiliados a día de pago y cerca de 1.400 delegados (1.387 al cierre de 2021), según los datos facilitados en el pleno y recogidos por E. Press, relaciona su reivindicación salarial para este año con un incremento «desmesurado» de los precios de la energía que «fuerzan al Estado a intervenir, como se hizo con el sector bancario, para controlar el precio no sólo para el consumidor sino también para la industria electrointensiva y el resto de actividades económicas en general».

Según ha precisado en su intervención el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, «este incremento de los salarios es uno de los grandes objetivos para este año, donde el diálogo social tanto en España como en Cantabria tiene que seguir actuando con la misma intensidad y eficacia que en 2021 porque todos los acuerdos para los trabajadores y trabajadoras pasan por el diálogo social».

Carmona ha apostado por ampliar el diálogo social de manera inmediata con un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva y una subida del SMI, tras valorar en el ámbito regional los dos acuerdos del covid-19 en Cantabria y el Plan de Empleo Joven «que veníamos demandando desde hace mucho tiempo para paliar una de nuestras grandes lacras sociales: el paro juvenil».

El Comité Regional de UGT, que no se celebraba desde enero de 2020 por la posterior irrupción de la pandemia del Covid, ha aprobado nueve resoluciones presentadas por las distintas federaciones del sindicato, entre ellas una de solidaridad con los trabajadores del sector conservero «y su lucha por un convenio colectivo digno».

Así, ha apoyado de manera unánime la huelga convocada en el sector conservero los días 21 de enero y 3 y 4 de febrero «por la intransigencia de la patronal» y su rechazo a «lo que es justo, un convenio que garantice que no se va perder poder adquisitivo y acabe de una vez por todas con la discriminación salarial».

En otra de las propuestas aprobadas se ha denunciado «el fracaso de la prevención de riesgos laborales en Cantabria», tras recordar que, según las últimas estadísticas oficiales, en 2021 hasta noviembre la región acumulaba 13 accidentes laborales mortales, la mayor cifra en estas fechas de los últimos 11 años (desde los 14 del 2010).

La resolución recalca que el año pasado aumentaron los siniestros laborales en Cantabria (hasta noviembre, de 5.512 a 5.950), critica «el abandono institucional y empresarial de los riesgos psicosociales causantes de uno de cada tres accidentes mortales» y exige reforzar la labor inspectora, la del ICASTT (Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo), la creación del delegado de prevención territorial y medidas para aumentar el reconocimiento oficial de enfermedades profesionales.

En el sector público, el Comité ha reafirmado en tres de las resoluciones la reivindicación del sindicato de finalizar la Transitoria 3ª del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (clasificación profesional de Técnicos de Auxiliares de Cuidados de Enfermería y Técnicos Superiores) y la puesta en marcha del grupo de trabajo encargado de limitar la temporalidad del empleo en las administraciones públicas.

A ellas, se une otra que exige iniciar la negociación para actualizar el convenio colectivo del sector de la dependencia y los salarios de 2021.

Otra de las resoluciones apoyadas reitera la apuesta de UGT por «un ferrocarril como referente del transporte público sostenible» y la necesidad de Cantabria de revertir cuanto antes la situación actual de «desmantelamiento del servicio de cercanías de FEVE ante la desolación de los viajeros y la pasividad de los políticos».

La resolución reprueba que Cantabria siga manteniendo trenes con 40 años de antigüedad, infraestructuras ferroviarias «propias del siglo XIX», además de «unos gestores ferroviarios incompetentes y una clase política nefasta»; y critica especialmente que la Comunidad Autónoma «se haya vuelto a quedar fuera del Corredor Atlántico».

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT ha agregado otra resolución «en defensa de los derechos de los ciudadanos y, especialmente de las personas mayores, contra la desatención bancaria», en la que recuerda que 37 de los 102 municipios de Cantabria no disponen ya de oficinas bancarias.

Por último, otra de las resoluciones aprobadas exige al Gobierno de Cantabria «un cambio de rumbo en la gestión» de las 26 empresas y fundaciones públicas de la región «que desde su creación vienen siendo un foco de conflicto por falta de transparencia, fraudes de contratación de personal, inexistencia de negociación sobre criterios generales (acceso, carrera profesional, provisión de vacantes...) y una negociación colectiva prorrogada desde hace años en una parte importante de ella».