Competencia multa con casi un millón a dos cárteles cántabros del transporte de viajeros

La CNMC sanciona dos cárteles formados por empresas de transporte de viajeros en Cantabria, a través de los cuales las participantes adoptaban acuerdos de reparto de mercado. En la misma resolución también se multa a una asociación por haber realizado una recomendación colectiva de precios prohibida por las normas de defensa de la competencia.

El expediente se inició tras la denuncia de la Federación Cántabra del Taxi y la información recabada durante las inspecciones realizadas en febrero de 2019 en las sedes de varias empresas. Las actuaciones se incoaron en un principio respecto de 25 empresas y 2 asociaciones, pero Competencia acreditó las infracciones para 5 de las empresas y una de las asociaciones.

El primero de los cárteles sancionados es en el mercado de transporte escolar, un servicio público prestado a centros educativos para garantizar el desplazamiento de los alumnos de enseñanzas obligatorias. Estos servicios de transporte escolar para centros educativos públicos están sujetos a licitación pública.

La CNMC constata que varias empresas que prestan estos servicios en Cantabria adoptaron acuerdos para repartirse una gran cantidad de rutas de transporte escolar entre los cursos escolares 2011/2012 y 2018/2019.

La CNMC ha acreditado acuerdos de no competencia entre las empresas para no concurrir a las mismas licitaciones y preservar las rutas a favor de las empresas que las venían prestando.

Estas mismas empresas también llegaron a acuerdos para ofrecer ofertas de coberturas en procedimientos negociados sin publicidad para asegurar la adjudicación de la licitación a la empresa que solicitaba la cobertura. Además, se ha acreditado cómo varias empresas han hecho un uso ilícito de la figura de la Unión Temporal de Empresas para concurrir conjuntamente a un gran número de licitaciones evitando así tener que competir entre ellas.

La CNMC considera que estas conductas constituyen una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de Competencia (LDC), constitutiva de cártel, cometida por las siguientes empresas a las que se les impone las sanciones siguientes: Anfersa Adaptado, 25.913 euros; Autobuses Benito, 36.296 euros; Autocares Mariano, S.L.: 20.000 euros; Transportes Terrestres Cántabros, S.A. y solidariamente a su matriz General Técnica Industria (Turytrans), 615.391 euros y Zorrilla e Hijo, 10.465 euros.

El segundo cártel es en el mercado de transporte discrecional de viajeros, que es de tipo regular y se lleva a cabo sin sujeción a itinerario, calendario, ni horario preestablecido, cubriendo desplazamientos puntuales de distinto tipo como visitas o excursiones turísticas, asistencia a eventos deportivos o culturales, etc. La CNMC ha acreditado que, en este mercado, las empresas Benito y Turytrans establecieron acuerdos anticompetitivos a fin de repartirse servicios, Estos acuerdos falsearon una gran cantidad de procedimientos de licitación que afectaron al menos a 15 contratos entre los años 2013 y 2019. La CNMC ha decidido imponer por esta segunda infracción las sanciones siguientes: Turytrans, 263.739 euros y Autobuses Benito, 13.960 euros

Además, la CNMC ha acreditado que, en el año 2018, la Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de la Provincia de Cantabria (Upavisan) realizó una recomendación colectiva de precios. Esta conducta es contraria al artículo 1 de la LDC y la CNMC le impone una multa por importe de 5.000 euros.

La CNMC recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

La Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de Cantabria (Upavisan) ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para demostrar que su actuación «ha sido siempre legal y ajustada a Derecho».

Así lo ha señalado la patronal en un comunicado después de conocerse este martes la multa de 5.000 euros que le impone la CNMC

La patronal ha defendido la «plena legalidad» de la actuación de las 25 empresas y las dos asociaciones afectadas y ha negado «rotundamente» que hayan incurrido en «ninguna práctica» restrictiva de la competencia.

Asegura igualmente que, a la hora de presentar sus ofertas, las empresas de Cantabria «han cumplido en todo momento» con las condiciones y exigencias legales establecidas en los respectivos pliegos de los concursos de la Consejería de Educación, «que es conocedora del enorme esfuerzo que realizan las empresas en la presentación de sus ofertas técnicas y económicas».

Por último, en cuanto a la estabilidad del mercado de transporte escolar, UPAVISAN considera que la CNMC «no ha analizado las causas e la misma y la forma en que la propia configuración del sistema de transportes genera intrínsecamente dicha estabilidad».

Asegura igualmente que, a la hora de presentar sus ofertas, las empresas de Cantabria «han cumplido en todo momento» con las condiciones y exigencias legales establecidas en los respectivos pliegos de los concursos de la Consejería de Educación, «que es conocedora del enorme esfuerzo que realizan las empresas en la presentación de sus ofertas técnicas y económicas».

En cuanto a la estabilidad del mercado de transporte escolar, UPAVISAN considera que la CNMC «no ha analizado las causas e la misma y la forma en que la propia configuración del sistema de transportes genera intrínsecamente dicha estabilidad».

«Gracias a este sistema, son los operadores que prestan servicios de transporte en zonas próximas a las rutas escolares, o a las cabeceras o destinos de las mismas, los que están en condiciones de presentar las ofertas más competitivas a los concursos de transporte escolar, debido a las sinergias que tienen en uso de sus recursos humanos y móviles, lo que genera evidentes beneficios tanto a la Administración como a los ciudadanos», concluye.