La construcción cántabra exige adaptar la obra pública al aumento de costes

El asunto, cuyo impacto es nacional, sí que está moviendo en los últimos tiempos a la Asociación de Constructores-Promotores de Cantabria, que reclama soluciones al Ejecutivo regional, en especial a la Consejería de Obras Públicas que pilota José Luis Gochicoa.

La ACP, que acaba de nombrar presidente a Javier Palomera en sustitución de Gervasio Pinta, explica que su directiva ya ha mantenido un encuentro con el propio Gochicoa para trasladar «la preocupante y difícil situación que atraviesa el sector ante la escalada del precio de las materias primas y materiales de construcción, que lejos de aminorar continúa su escalada en los primeros días del año».

La patronal ha insistido al Gobierno autonómico sobre la «necesidad de revisar el precio de los materiales de todas aquellas obras que vayan a licitarse por estar basadas en precios de hace más de un año y no reflejar la realidad actual del mercado».

Por otro lado, también demanda que «se revisen los contratos en ejecución para incorporar fórmulas que permitan reequilibrar las prestaciones de las partes y a los empresarios defender la ejecución de dichas obras». A este respecto, la Asociación enarbola un estudio de la Confederación nacional que recoge que el alza de materias primas ha provocado que cuatro de cada diez empresas (39,5%) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras.

De media, agregan, los costes han subido un 22,2%, lo que pone en entredicho «la viabilidad de los proyectos». En total, hay 484 licitaciones por todo el territorio nacional sin que ninguna empresa se haya adjudicado los trabajos, que suman un total de 230 millones, apunta la ACP.

El colectivo espera la normativa del Ministerio de Hacienda para indemnizar por los precios de 2021, pero los constructores cántabros señalan que la posibilidad de modificar contratos públicos sigue existiendo. De hecho, Galicia y Extremadura ya han abordado revisiones de precios desde enero de 2021.

Los empresarios no dudan en admitir que muchas obras están «comprometidas» por este fenómeno, con subidas del 100% en el acero o el cobre, del 77% en el aluminio y del 125% en la madera, así como otras revalorizaciones «espectaculares» de muchos productos de construcción.

Juan de Miguel, presidente del Grupo SIEC, reafirma ese sentir general. «Las administraciones tienen que revisar los proyectos y actualizarlos. Si no, es imposible que las empresas puedan licitar. Tienen precios de la época anterior y ya el año pasado fue horrible la subida en los precios que se registró», arranca.

De Miguel admite que «estamos haciendo obras públicas grandes a pérdidas. Hemos tenido que apechugar, pero no podemos seguir así, de cualquier manera. Va en perjuicio de todos. Habrá retrasos», anota, tras agregar que «hay varias obras públicas de Cantabria donde ya no hemos podido licitar. La gente se lo piensa más antes de meterse en estos berenjenales».

Fernando Garzo, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Copsesa, va más allá. «Se va a convertir en un problema para España si no se actúa de inmediato, ya que las partidas de los Fondos Next Generation que se deberían ejecutar vía licitación publica se están quedando desiertas. Urge actualizar ya los precios».