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Las perspectivas no son buenas en el sector de la construcción en Cantabria. Después de pasar «diez años en el desierto», el presidente ... de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP), Gervasio Pinta, no ve todavía la luz al final del túnel. Tras la reunión anual de la Junta Directiva celebrada ayer, 2019 no se presenta optimista, teniendo en cuenta además que en un año electoral la obra pública debía haberse activado ya. Muy al contrario, ha sufrido un parón y el único avance que se observa, «muy poquito», es en la promoción de vivienda de promotores particulares y la rehabilitación.
Uno de los datos que refleja esta prolongada crisis en el sector de la construcción es que las empresas «tenemos más trabajo fuera que dentro de la comunidad, en el resto de España», expresaron representantes de las empresas más importantes de la región. David Díaz, de Ascán, afirmó que en su caso «el trabajo en otras comunidades es el 70% de nuestra actividad».
Es en la obra pública «que va fatal» donde el balance del año es más negativo. En relación con otras comunidades autónomas donde el sector está en creciente dinamismo, en Cantabria no se observa este repunte. «Los datos no son halagüeños como para decir que las cosas van bien; sólo hay que ver las grúas que hay en Santander, y no digamos fuera de la ciudad, ahí ni existen», resolvió Pinta tras la reunión.
Santander es el Ayuntamiento que está tirando de la obra pública en Cantabria que «está parada, sin actividad». En 2018 la licitación bajó un 7,3% en la comunidad autónoma, y sólo se observó un aumento en la municipal, mientras que la autonómica decreció un 44%, según los datos de la patronal de la construcción Seopan.
Las peticiones de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria a la Administración pasan también por agilizar la burocracia. Es el caso de la «lentitud» experimentada a la hora de conceder licencias, y advierten que los retrasos pueden hacer que las operaciones cambien de ubicación. Reconocen que existen ayuntamientos que sí trabajan bien, y que conceden licencias en tres meses, «mientras que en otros muchos casos este mismo procedimiento se dilata hasta año y medio».
Los promotores y construcciones reclaman al Gobierno regional que «facilite» el trabajo a las empresas del sector y convierta a Cantabria en una comunidad atractiva para la inversión.
Y las perspectivas para los próximos meses no son optimistas ya que, teniendo en cuenta que es un año electoral, «debería verse ya actividad». Esta «parálisis» que vive el sector en Cantabria, que no se sufre en otras comunidades «sobre todo en el País Vasco», se ha puesto en conocimiento del Gobierno regional sin que hayan tomado medidas, lamentaron los afectados. Los constructores y promotores también lanzan críticas al Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), al considerar que «no muestra ninguna sensibilidad con un sector que es motor de desarrollo y creador de puestos de trabajo» frente a las ayudas que sí concede a la industria. Los 37.000 empleos directos de la construcción de antes de la crisis no llegan ahora a los 9.000 y del centenar de promotoras registradas hace más de diez años ahora apenas queda media docena.
Junto a la financiación, Pinta señaló otras preocupaciones del sector como la ausencia de mano de obra cualificada y «el grave problema del suelo». La asociación señala que más del 80% del territorio de Cantabria carece de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la legislación urbanística. Pinta precisó que el suelo está «monopolizado por fondos de inversión y la Sareb, y en ese entorno es muy difícil hacer vivienda nueva», pese a que hay demanda.
Otra de las preocupaciones de los constructores y promotores es que los precios del alquiler están subiendo porque no hay suficientes viviendas de ese régimen para cubrir la demanda. Se trata de una elección, el alquiler frente a la compra de una vivienda, que se está promocionando desde las Administraciones públicas. «Nos gustaría que se volviera a la vivienda nueva, porque está vendiéndose sobre todo vivienda usada», resaltó Pinta.
En los últimos 20 años la actividad ha sufrido un verdadero descalabro. En 1998 el número de viviendas nuevas era de 7.816, mientras que el pasado ejercicio se cerró con 458. Esto ha afectado tanto al empleo como al cierre de empresas. A falta de cerrar 2018, las viviendas nuevas ascienden a 770 con lo que se ha experimentado una mejoría, aunque el sector advierte que se parte de una cifras muy bajas.
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Ana del Castillo
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