Los constructores cántabros cierran un 2020 «nefasto» con caída del 70% de la obra pública

De otro lado, los constructores indicaron que no se han sentido apoyados por el Gobierno y pidieron más inversión pública y menos trabas burocráticas para poder mantener y reactivar el empleo.

Gervasio Pinta, presidente de la ACP, demandó a las administraciones que aprovechen la oportunidad que suponen los fondos europeos para la reactivación económica tras la pandemia y, también, que se liberen los ahorros de los ayuntamientos para que este sector ejerza de «salvavidas» de otros que se han visto más afectados por el covid-19, como la hostelería. En su comparecencia ante los medios, presencial y telemática, y en la que ha estado acompañado por otros miembros de la junta directiva, Pinta ve factible la incorporación de profesionales de otras actividades a la construcción, pero el colectivo demanda para ello formación, para poder contar con mano de obra cualificada. «Necesitamos mucha formación y pronto», indicó. En este sentido, se refirió a que la contratación ha caído un 8,2% hasta julio respecto al mismo periodo del año anterior, al registrarse 5.314 contratos, mientras que el número de parados del sector en Cantabria se sitúa en unos 2.800 y el de trabajadores activos de 15.800

Por su parte, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial bajaron un 60,3% en términos interanuales, y aunque en Santander está habiendo más fruto de una mayor demanda, en el resto de la región no se dado ese «pequeño tirón» de la capital.

El desplome de la licitación de obra pública fue aún mayor, del 70,8% en los siete primeros meses del año, con un volumen de 43,5 millones de euros, lo que supone que ha caído «estrepitosamente» y un dato «preocupante». «Si no hay inversión, es muy difícil salir adelante», insistió Pinta, y manifestó que el sector no se ha sentido «apoyado» por el Gobierno.

De otro lado, el presidente de los constructores reconoció cierto aumento de la actividad en el ámbito de la reforma, algo bueno especialmente para pymes y autónomos. El presidente de la ACP ha situado precisamente en la rehabilitación y en las mejoras energéticas de las edificaciones el nicho de mercado del sector, en línea con las directrices marcadas desde Europa. Explicó que los fondos europeos para la recuperación económica y los fondos verdes asociados a la transición ecológica son «una gran oportunidad» para España y para Cantabria, y añadió que la construcción es «capaz de captarlos y adaptarse a los nuevos retos en movilidad, digitalización, eficiencia energética, economía circular, etcétera».

«Todo indica que Europa ve en la construcción un sector tractor del empleo y nuestro país necesita de la construcción si no quiere funcionar al ralentí. Sin los sectores tradicionales, como la construcción y la industria, no saldremos de la crisis. Y mucho menos, de esta crisis», insistió Pinta y recordó que esta actividad genera por cada millón de euros invertido diez empleos directos y catorce indirectos, representando estos últimos el 58% del total de puestos creados por el sector, algo que no ocurre en ningún otro ámbito económico. Sin embargo, advirtió que para que las ayudas europeas «lleguen a buen puerto» y cumplan con su finalidad es «imprescindible» que la Administración «deje de ser un cuello de botella». En este punto, el presidente de los constructores y promotores cántabros reiteró las demandas que la ACP viene haciendo para que se reduzca la burocracia en las tramitaciones administrativas con políticas «valientes». Creen que «hay que poner el foco en la actividad empresarial que genera inversión productiva y empleo, y no centrarlo todo en ayudas que crean dependencia de la administración».

La ACP lamentó que «durante muchos años se haya dejado de lado al sector en las políticas de inversiones más representativas para dinamizar la economía con más vigor», y señaló algunas de las propuestas que ha venido planteando durante la pandemia e incluso antes para que la construcción sea «uno de los motores de la recuperación». Entre ellas, la «apuesta decidida» por una inversión pública y regular en infraestructuras, con planes diseñados y ejecutados de forma coordinada por las administraciones estatal, autonómica y locales, o «agilizar la maquinaria» administrativa, para obra pública y privada y para ello propone un plan de inversiones de tres o cuatro años de duración.