Los constructores de la región piden ayudas e incentivos fiscales

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) ha presentado propuestas al Plan Estatal de Vivienda 2026 para mejorar el acceso a las propiedades, incrementar la oferta habitacional y reducir el déficit de viviendas en España.

Entre las aportaciones figuran reformas normativas, incentivos fiscales, mecanismos financieros y ayudas directas que impulsen el sector.

La ACP pide al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que incorpore al documento sus sugerencias, realizadas en el marco de la consulta pública previa del proyecto de real decreto que regulará el plan.

El colectivo también reclama al departamento que dirige Isabel Rodríguez diálogo con el sector promotor para la implementación de las medidas trasladadas, que abordan problemas estructurales del mercado de vivienda y plantean soluciones concretas para mejorar el acceso, aumentar la oferta y dinamizar las inversiones en suelo urbanizable, defienden.

Según informaron ayer los constructores cántabros en un comunicado, entre los citados problemas figuran la «insuficiente oferta de vivienda», con un déficit de 332.000 en el conjunto del país; la «baja inversión pública», ya que solo el 0,2% de los presupuestos estatales se destina a esta materia; «falta de financiación para suelo», lo que impide la construcción de nuevas viviendas; y «burocracia y regulación excesiva», con retrasos en la concesión de licencias y restricciones normativas que dificultan promociones asequibles.

Ante estos problemas, los empresarios trasladan al Ministerio diferentes propuestas al Plan Estatal proyectado para el próximo año, que a su juicio debe incluir vivienda pública en alquiler, para crear un parque social estable; de protección oficial en régimen de venta y alquiler, sobre suelos públicos y privados; vivienda asequible promovida en suelos urbanizables de reserva; alojamientos temporales ('coliving', 'cohousing') para colectivos como jóvenes o mayores; y vivienda con derecho a compra, con incentivos fiscales para arrendadores que deduzcan parte de las rentas en el precio final de adquisición.

La ACP también propone ayudas (a promotores públicos y privados para la construcción de vivienda asequible); subvenciones (a la urbanización y gestión del suelo, especialmente a juntas de propietarios con proyectos aprobados); incentivos fiscales y financieros (para fomentar la regeneración urbana y la inversión en vivienda de alquiler asequible); y simplificación y agilización de licencias urbanísticas, con plazos máximos de tres meses para su resolución.

En paralelo, otras facilidades como crear préstamos subsidiarios para el desarrollo de suelo finalista; y apoyo a promotores mediante sociedades de garantía recíproca para facilitar el acceso a crédito.

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