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Los datos de cierre de ejercicio relativos a la evolución del desempleo y las afiliaciones a la Seguridad Social fueron recibidos con satisfacción por el Gobierno de Cantabria, que interpretaba las cifras como prácticamente el regreso general a niveles prepandemia, con «el segundo mejor dato» de paro desde 2008 ... y el mejor respecto a cotizantes desde 2007. Un tirón lógico tras la contracción de 2020 al calor de las restricciones sanitarias y de actividad por el aterrizaje del covid en España, cuya progresiva recuperación de la normalidad se ha notado igualmente en la economía.
Sin embargo, atendiendo a esos mismos guarismos, hay un sector que no sólo no ha acompañado esa mejoría general, sino que ha retrocedido ligeramente, justo en el año en el que la Administración había puesto el foco para impulsar las altas y regularizar las condiciones laborales de sus miembros. El colectivo de empleadas y empleados del hogar cerró 2021 con 4.820 afiliados, frente a los 4.834 registrados al término de 2020. Es decir, el sector se ha quedado estancado, 14 empleos menos, en una tendencia que contrasta con la tónica general regional: el número medio de afiliados a la Seguridad Social cerró 2021 en Cantabria con 221.637 cotizantes tras ganar en el conjunto del año 6.267 ocupados, un 2,91% más, aunque por debajo de la media del país (+4,07%).
La paradoja de la situación emerge tras recordar que a comienzos del pasado ejercicio la Inspección de Trabajo puso en marcha una campaña nacional de información y control para regularizar los salarios y cotizaciones de las empleadas domésticas y luchar contra la economía sumergida, muy elevada en este gremio, según sindicatos y Administración. En Cantabria había a fecha de enero de 2021 4.818 afiliados a este régimen especial, aunque los representantes de los trabajadores aseguraron que al menos otros cientos adicionales se encontraban trabajando de forma irregular.
La campaña inspectora y de sensibilización tenía un 'tárget' muy definido. En concreto, según explicó en su momento el propio Gobierno autonómico, estaba enfocada a los empleadores que tienen en sus hogares a una trabajadora a jornada completa.
Como objetivo principal, comprobar que la remuneración de las trabajadoras del hogar -y, por consiguiente, las bases de cotización- se ajustaba a la cuantía actualmente marcada del salario mínimo interprofesional (SMI), situada en ese momento para una jornada completa en 950 euros al mes en 14 pagas -1.108,33 euros al mes con prorrateo de las extra- y para jornada por horas en 7,43 euros la hora. Es decir, que los salarios se hubieran revalorizado en función del progresivo incremento del SMI.
¿No ha logrado la campaña su objetivo? En una primera valoración, fuentes del Ejecutivo atribuyen al todavía palpable impacto del covid la situación estadística. ¿En qué sentido? En el hecho de que muchas familias han prescindido de estas empleadas para que personas ajenas al núcleo familiar no entraran en el hogar ante el riesgo de contagio.
Aun así, el sector no habría evolucionado desde lo peor de la crisis a pesar del progresivo proceso de vacunación llevado a cabo a lo largo de todo 2021.
La Inspección arrancó su campaña mediante el envío de cartas a los empleadores para preguntarles acerca de la situación de este colectivo. Para proceder a la regularización del salario, el titular del hogar debía comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la retribución real de la trabajadora desde el 1 de enero de 2021. En Cantabria se remitieron inicialmente unas 500 misivas con el mencionado requerimiento.
No sólo eso. Según el objetivo de esta campaña nacional, el plan igualmente prestaba atención a la lucha contra la economía irregular y daría prioridad a las denuncias presentadas en el sector y a las comunicaciones recibidas en el buzón del organismo autónomo de control laboral. A tenor de las cifras, no ha rendido fruto.
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