El covid y los anuncios del Gobierno desatan un aluvión de consultas para prejubilarse

Esta circunstancia ha provocado un auténtico aluvión de consultas, especialmente en algunos sindicatos y en las oficinas de la Seguridad Social. La espoleta la activó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado 8 de septiembre cuando anunció que la Administración central iba a actuar para que prejubilarse suponga un recorte de la pensión del 8% anual. Esa declaración convergió prácticamente con la revelación de las negociaciones para fusionar CaixaBank y Bankia, punto de partida de esperables futuras operaciones en el sector financiero, que se caracteriza por incluir en este tipo de integraciones una catarata de prejubilaciones de empleados con las mejores condiciones para ganar rentabilidad y eficiencia.

Aunque otra ministra, la de Trabajo -Yolanda Díaz, de Unidas Podemos-, se apresuró a mostrar una postura contraria a prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, el mensaje de Escrivá ha calado hondo.

Mientras que en CEOE reconocen no haber recibido por el momento consultas del empresariado al respecto, desde la órbita de los trabajadores el prisma es diferente. Así lo confirman por ejemplo desde UGT, que en particular en la Federación de Servicios ha visto cómo las cuestiones relativas a este tema no han parado de crecer en los últimos años y se han intensificado desde la irrupción del coronavirus.

El secretario general del sindicato, Mariano Carmona, abunda en que «en cuanto a la aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal, el problema está en el mercado de trabajo, ya que las empresas despiden a los trabajadores mayores de 50 años que ya no vuelven a encontrar trabajo y se ven forzados a jubilarse anticipadamente. Son jubilaciones forzadas por un problema en el mercado, que afecta en nuestro país a más de 500.000 trabajadores. No se puede endurecer el sistema para estas personas, no se puede recortar sus derechos. Es necesario que estos trabajadores lleguen a su edad normal de jubilación en sus puestos de trabajo y para ello es urgente que se actúe ya».

En CC OO todavía no han observado un crecimiento de consultas respecto a este tema. Laura Lombilla, su secretaria de Empleo, afirma que «es imprescindible un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Va a hacer diez años del último acuerdo y necesitamos recuperar la senda de consenso político y social en el marco del Pacto de Toledo. Hay que abordar de nuevo la senda del acuerdo de 2011, y antes de acabar 2020 debemos abordar dos elementos determinantes: la derogación de la reforma de pensiones del año 2013 y también tomar medidas para equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social».

5.505jubilados menores de 65 años tenía Cantabria en agosto, el 6,47% del total.

Para ello «hay que abordar una doble actuación en materia de ingresos, reforzando los ingresos por cotizaciones, ya que actualmente una cuarta parte de los cotizantes del sistema no lo hace por sus ingresos reales, con su correspondiente impacto en tributación. En ingresos y en términos de protección social a esas personas. Y, por otra parte, equiparar las cotizaciones y actuar sobre la economía sumergida», agrega Lombilla.

Desde USO confirman que «existe una gran inquietud entre la afiliación que tiene un horizonte cercano a la edad de jubilación tras los continuos anuncios del Gobierno central de llevar a cabo cambios, que por supuesto significarán recortes y endurecimiento de acceso. Durante estas últimas semanas el sindicato está atendiendo un buen número de consultas referidas a los posibles escenarios y las mejores opciones personales».

Para la organización sindical, «no es momento de ocurrencias ni de medidas parciales como el incentivar la continuidad laboral tras la edad ordinaria de jubilación». El debate está en la calle y en los agentes sociales.