La crisis enquista el futuro del sector metalúrgico cántabro

El difícil contexto económico, marcado por el impacto de la guerra de Ucrania, por el aumento de los precios de las materias primas y, muy especialmente, por el de los precios de la energía –que han llevado a algunas de las grandes empresas del sector en Cantabria a detener puntualmente algunos de sus hornos e instalaciones productivas–, dificultan más si cabe la resolución de un enquistamiento que amenaza con adquirir un carácter crónico.

La industria metalúrgica en Cantabria, que hoy se manifestará entre las 18.00 y las 20.30 horas en Santander, aúna a 1.600 empresas y a 20.000 trabajadores, representados en su mayoría por los sindicatos CC. OO., UGT y USO. Las reivindicaciones de los mismos, que pasan por frenar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ligando su evolución al actual IPC, han sido descartadas por Pymetal, la patronal cántabra, por considerar que el incremento actual de los precios es de carácter coyuntural y no puede ser la referencia para establecer los sueldos de los trabajadores del sector. En este punto, y pese a que ambas partes volverán a reunirse este viernes en el Orecla (Organismo Regulador Extrajudicial de Conflictos Laborales), las posturas están muy distantes.

En ese sentido, las cifras retratan mejor que cualquier explicación dicha distancia: frente a las propuestas de la patronal, que oscilan en torno al 2% de incremento anual de las remuneraciones –del 2 al 2,1% en 2021, del 2 al 3% en 2022 y del 2,25% para 2023 y 2014, incrementos a los que se sumaría una revisión del IPC subyacente en el momento de finalizar el convenio–, los sindicatos plantean una subida de entre el 6,5 y el 7% al considerar que el alza dispara del IPC, que marcó en marzo su máximo histórico en 37 años con un 9,8% y se ha situado este mes en el 8,7%, ahonda gravemente en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Desde Pymetal, por su parte, señalan que en las actuales circunstancias dicha subida es inviable para la viabilidad de empresas y su gerente, Alberto Gómez-Otero, ya apuntó en abril en declaraciones a este periódico a los convenios firmados en otras comunidades como Asturias, en la que la subida salarial pactada fue del 2,5%.

El incremento de los costes industriales y el encarecimiento de los precios que debe asumir el ciudadano de a pie, la temida inflación, chocan frontalmente en esta negociación. La energía, en especial la electricidad –que en marzo marcó su máximo histórico, siendo un 334% más cara que en el mismo año del año anterior según datos de Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE)– y de los carburantes –que también han marcado registros históricos y afectan de forma fundamental al transporte en un sector que depende directamente del mismo– condicionan por completo la negociación. A nivel de resultados en el sector, también es determinante el incremento del precio de los metales industriales como el aluminio, el cobre, el acero o el níquel, cuyos valores apuntan a seguir creciendo en los próximos meses tras incrementarse entre el 40% y el 60% en 2021. Todos estos factores han provocado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios industriales se dispararon en abril un 45 % en comparación con el año anterior.

Un análisis más detallado revela que los mayores aumentos de precios en comparación con abril del 2021 se produjeron en el suministro de electricidad y gas, con un 128 %, el refinamiento de petróleo –101 %– y, precisamente, en la metalurgia, en la que los precios escalaron un 46 %.

Todo ello explica la visión pesimista de la evolución económica por parte de los responsables de las compañías, que se ha traducido en una caída del índice de confianza del 2,8% en el segundo trimestre de este año, circunstancia que tampoco ayuda a flexibilizar la postura de la patronal.

En ese contexto, reclamaciones como la reducción de 13 horas semanales y el mantenimiento del plus de distancia y de los contratos relevo, añaden más presión al choque entre sindicatos y patronal. Se trata, en cualquier caso, de una situación común al sector a nivel nacional, en el que en otras comunidades como Galicia también se han planteado movilizaciones por las misma causa.

A nivel nacional, la compleja circunstancia económica también se ha traducido en una mayor dificultad para la actualización y firma de nuevos convenios. Según los datos del Ministerio de Trabajo –provisionales dado que en esta materia los ejercicios de 2020 y 2021 no se han cerrado–, dichos periodos, marcados por la pandemia, registraron un notable descenso del número de convenios. Frente a una media anual de 375 convenios de ámbito superior a la empresa firmados entre 2016 y 2019, en 2020 se redujeron hasta 168 y ascendieron a 223 un año después. Ahora, sin embargo, dichas cifras parecen estar recuperándose

En el caso de Cantabria y atendiendo a todo tipo de convenios, en 2021 se firmaron un total de 82, que afectaron a 10.656 empresas y a más de 54.000 trabajadores. La variación salarial media pactada en los mismos fue de un 1,38%, la segunda menor a nivel nacional tras el País Vasco.

En lo que va de año, por su parte, la situación se ha invertido. El número de convenios firmados en Cantabria asciende a 57 y el incremento salarial medio es el segundo mayor de España, con un 4,21%, solo por detrás del País Vasco, donde la cifra se sitúa en el 5,3%.