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Tanto el PP como el PRC con respecto a la posible fusión entre la Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria (Sogarca) y la de Castilla y León (Iberaval) hacen uso de analogías vinculadas a medios de transporte. Mientras el consejero de Industria, el popular ... Eduardo Arasti, defiende la «integración» porque Sogarca es un «vehículo financiero pequeño» que iría a más; el regionalista Javier López Marcano prefiere hablar de que la operación dejaría a la región «al furgón de cola». Distintas formas de enfocar una importante decisión que puede cambiar el futuro de los autónomos y pymes de Cantabria y frente a la cual todas las partes implicadas todavía no han tomado partido. De hecho, incluso hay discrepancias entre unos y otros sobre los plazos de esta operación.
El titular de Industria a preguntas de este periódico hablaba el jueves sobre esta operación como si estuviera al caer. Incluso emplazaba la decisión, sin ir más lejos, al consejo del organismo del próximo jueves. Es algo en lo que no concuerda el actual presidente de Sogarca, Miguel Ángel Díaz. El directivo (que lleva al frente de la sociedad desde el año 2019, en pleno mandato del bipartito PRC-PSOE) ve «precipitado» afirmar que se vaya a llevar a cabo ya la unión de las entidades porque, dice, está «en un punto muy embrionario». E insiste en que es una dirección que tiene que tomar el consejo tanto de la sociedad cántabra como la castellanoleonesa, que «tampoco ha tomado una decisión firme al respecto». Por el momento, Díaz lo que no entra es a emitir valoraciones públicas sobre si ve o no ventajosa la fusión para nuestra región y sus autónomos y pymes.
Enrique Conde
Presidente CEOE-Cepyme
Tomás Dasgoas
Presidente Cámara de Comercio
Lo cierto es que el Gobierno de Cantabria tiene la mayor parte de accionariado de la sociedad, casi la mitad, pero también incluye muchos más socios. En concreto, hay un total de diez entidades integradas dentro del consejo de administración, y al tener una base mutualista todas tienen el mismo poder de decisión. Entre ellas, se encuentra, por ejemplo, CEOE-Cepyme Cantabria y su presidente, Enrique Conde, ve con buenos ojos la propuesta que hay sobre la mesa para que se junten las sociedades de garantía recíproca de ambas comunidades. «El apoyo al cambio es total porque así se decidió en el comité ejecutivo». Una decisión que vincula a que «se multiplican por cinco o por seis los avales que da Iberaval con respecto a Sogarca».
Desde otro de los organismos con derecho a voto como es la Cámara de Comercio, su máximo responsable, Tomás Dasgoas, también habla en términos semejantes a los del presidente de Sogarca, Díaz. «Todavía está en una fase muy incipiente y hay que valorar la información en condiciones antes de tomar una decisión, sobre todo porque es una cuestión de gran relevancia». No obstante, sí que parece que, sin llegar a emitir una decisión en firme, no le suena del todo mal los datos que aporta Arasti para justificar esta operación. «Si realmente permite ampliar la posibilidad de financiación la propuesta es suficientemente interesante como para valorarla», reconoce. Se refiere Dasgoas al argumento esgrimido por el titular de Industria sobre que La Rioja −la única comunidad autónoma sin una SGR propia y que se apoya en Iberaval para este tipo de financiaciones ventajosas para empresas y autónomos− recibe una inyección financiera marcadamente superior pese a tener una población mucho menor.
Hay más entidades que están incluidas dentro del consejo de administración de Sogarca, entre ellas, por ejemplo, está representado el Ayuntamiento de Santander. Pero también hay otros organismos que, sin formar parte, igualmente están ligados a la sociedad por su vinculación al sector que representan. Es el caso de la Cámara de Comercio de Torrelavega y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA Cantabria), presididas, respectivamente, por Carlos Augusto y Ana Cabrero. Ambos dicen que al no formar parte del consejo no se les ha informado directamente sobre esa operación que está sobrevolando. Y aunque también coinciden en que les falta información y esperan que desde el Gobierno se les haga participes sobre qué repercusiones podría tener para autónomos y empresas esta unión si que parece que dejan seducirse a priori por esas mismas cifras que arrojaba Arasti. «Si se logra realmente un aumento de crédito y mayor potencia financiera para respaldar a autónomos y pymes estamos a favor», asegura al respecto la responsable de ATA.
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