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Rafael Catalá (Madrid, 1961) tiene claro que hay muchas formas de abordar conflictos. Ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy entre 2014 y 2018, en la actualidad preside el Centro Español de Mediación. Ayer acudió a una jornada de la Cámara a explicar ... que hay más vías que los tribunales.
-¿Qué ventajas ofrece la mediación a las empresas frente a los procedimientos judiciales habituales?
-El conflicto forma parte de la vida cotidiana, también de las empresas. Es normal que existan tensiones en las relaciones entre socios, proveedores o clientes. Tradicionalmente hemos tenido la cultura jurídica de acudir a los tribunales cada vez que tenemos distinta interpretación del derecho entre las partes. Eso está bien, lo cual significa que creemos en la Justicia. La mediación surge como una alternativa que permite, a diferencia del arbitraje donde un tercero dicta un laudo, que las partes ayudadas por un experto negociador acuerden la solución apropiada para ellas. Es propio de sociedades maduras. Por ello, desde la Cámara de Comercio de España y las cámaras territoriales se pretende informar sobre esta vía. No tiene tradición en España, aunque sí es habitual en la cultura anglosajona. Es más ventajosa en cuanto a plazos, así como más económica por lo general. Por eso nos interesa que las empresas nos conozcan. Para muchos conflictos, incluso complejos, puede tener todo el sentido.
LAS FRASESINTERINOS
INDULTOS
-¿Qué nos vamos a encontrar cuando acaben las moratorias concursales y de créditos ICO?
-Las crisis económicas periódicas traen consigo consecuencias indeseadas pero a veces inevitables, como la destrucción de empleo y tejido empresarial. España es un país de pymes, con empresas personalistas y familiares. Con el covid han cerrado infinidad de empresas. Algunas por las restricciones del Gobierno, mientras que otras están aguantando por las moratorias y los ERTE. Estos instrumentos han ayudado, pero ambos se acaban. Esto va a finalizar en 2021, por lo que en ese momento vamos a tener una situación en la que muchas empresas, pese a la incipiente recuperación, no van a poder aguantar y echarán el cierre. Me temo que se viene una época de multitud de concursos de empresas en nuestro país.
-Hablando de insolvencias, ¿habría que cambiar la Ley Concursal para elevar su eficacia?
-Hablamos de una ley de 2003. Fue una ley en la que tuve el honor de dirigir su aprobación parlamentaria. Supuso un cambio cultural importante en relación a su antecesora, la Ley de Suspensión de Pagos y Quiebras. Esta nueva permitía establecer elementos para que las compañías en crisis saliesen adelante. Es un planteamiento positivo. Vamos a crear una 'comunidad de sacrificios' en la que todos reduzcamos un poco nuestros derechos de cobro para salir adelante. Cada vez que las empresas tienen un problema no pueden cerrar. Hay que buscar soluciones de negociación. De entonces a hoy han pasado muchas cosas. En la crisis de 2008 ya llevamos a cabo bastantes reformas. A día de hoy, creo que la Ley Concursal está bien planteada y ayuda en el sentido de negociar con los acreedores y favorecer reestructuraciones. Se ha ido ajustando durante estos años y es una buena herramienta para gestionar crisis.
-¿Van a poder digerir los juzgados mercantiles la presumible carga de trabajo de los próximos meses?
-La moratoria se acaba el 31 de diciembre y es factible un problema de concursos. Puede haber un problema de atasco en los juzgados mercantiles. Fueron una creación reciente, al hilo de la Ley de 2003. Se ha hecho buen trabajo, pero por desgracia van a tener una sobrecarga de trabajo muy importante en los próximos meses. Mucho trabajo.
-¿Qué le parecen los 'pescozones' judiciales de la Unión Europea a España respecto al problema de los interinos en las administraciones?
-Fui director general de la Función Pública en 1996 y ya nos encontramos ese problema, que tuvimos que solucionar con consolidaciones. Algunas áreas como Sanidad o Educación han ido creando un empleo temporal excesivo. Las personas que ocupan puestos estables con relaciones jurídicas temporales y que han superado procesos selectivos deberían tener opción a procesos de consolidación.
-Como experto en mediación, ¿qué opina de los indultos en Cataluña?
-Desde el punto de vista jurídico no tienen fundamento al no concurrir ninguno de los requisitos. Desde el punto de vista político me parecen un grave error ya que debilitan a España ante los independentistas y los tribunales europeas, al dar a entender que han sido condenados injustamente. La contraparte ni lo valora ni lo va a agradecer.
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