«Después de salir a la calle no podíamos firmar ese acuerdo para los empleados públicos»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sostuvo que no podía sumar su rúbrica al texto al considerarlo insuficiente. Días después, el secretario general de la organización en Cantabria, Manuel Ángel Pérez Solís, detalla los motivos del sindicato para no respaldar unos términos que afectarán a más de 34.000 empleados públicos en la Comunidad.

Solís recuerda a El Diario Montañés que fue, precisamente, CSIF quien empezó movilizaciones por la situación de los trabajadores de la Administración, con una gran manifestación en Madrid el pasado 24 de septiembre. «Llevábamos dos años tratando de hablar con Función Pública, pero sin conseguirlo. Estamos ante un Gobierno con una actitud tan incompresible que por un lado sale diciendo que apoyará todas las medidas que los trabajadores adopten frente a la patronal por sus subidas salariales, lo que nos parece bien. Pero entonces tendrá que entender que él es mi patronal y que no nos ha abierto durante dos años la puerta para negociar».

Tras recordar la movilización, «CSIF provoca que cuatro días después se abra la negociación. Como en todos los procesos de este tipo uno entiende que se plantean unos aspectos básicos sobre los que tratar de acercar posturas. Eso es la negociación. Ahí, el resto de sindicatos en la Mesa -UGT y CC OO- no habían manifestado absolutamente nada hasta ahora. Su postura ha sido de inmovilismo», anota.

A partir de aquí, reproches. «Toda la negociación ha consistido en dos reuniones de tres horas cada una. Eso es constatable. Ahí ha acabado la negociación. Se planteó una propuesta inicial que luego varió en medio punto. Y se acabó. Daba la sensación de que iba a haber una firma. Cuando un Gobierno plantea algo como versión definitiva tiene que estar bastante seguro de que va a haber una rúbrica».

Pero CSIF, tras movilizar a los suyos, creía que no había tenido mucho recorrido ese proceso. «Después de salir a la calle, y provocar esa negociación, no podíamos firmar ese acuerdo. Los empleados públicos siguen perdiendo poder adquisitivo de manera sangrante», ya desde este año, incluso, sostiene.

El sindicalista reprueba que «en los últimos diez años hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo del 20%».