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Tras una maratoniana jornada de negociación, estirando un procedimiento cuyo plazo expira el próximo viernes, Dirección y comité de empresa de Reinosa Forgings & Castings volvieron a acercar posturas, pero no lograron cerrar este lunes un punto de encuentro sobre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que la compañía anunció a comienzos de mes ... como indispensable para poder lidiar con unos precios eléctricos que todavía a día de hoy –con el megavatio acercándose de nuevo a los 250 euros– sitúan a la factoría campurriana fuera de los umbrales de sostenibilidad.
Tras horas de conversaciones, ya entrada la noche tanto la compañía como la representación social optaron por continuar con las negociaciones durante el martes.
El viernes las partes ya habían acercado posturas, aunque los sindicatos participantes en las conversaciones –CC OO, UGT, USO y CSIF– las tildaban de insuficientes. La representación de los trabajadores reconocía, tras el examen de la profusa documentación aportada por la empresa para justificar la regulación, sustentada en causas económicas, operativas y de producción, que la situación fruto de la evolución en los últimos cuatro años era «complicada». Por eso, reclamaban a los propietarios del complejo, la corporación NFL compuesta por los empresarios Benedikt Niemeyer, Jason Fowler y Bruce Liimatainen, que este ERTE viniera acompañado de un «plan de viabilidad industrial». A saber, inversiones pendientes desde que la fábrica fue traspasada por Sidenor en otoño de 2018 para poder dar el salto definitivo a nuevos mercados y productos, sin descuidar puntales de la actividad tradicional como las grandes piezas.
Lo que sí parece factible es que Forgings & Castings finalmente suscriba un acuerdo mejorado respecto al planteamiento inicial, puesto que la intención inicial de la empresa, aunque teniendo en cuenta que en cualquier proceso negociador se parte de medidas extremas, pasaba por no complementar nada del subsidio por desempleo que percibieran los empleados afectados en cada momento de la regulación.
La organización propuso un ERTE hasta diciembre de 2023 para los 528 trabajadores de la fábrica, con un impacto máximo del 60% de la jornada.
La factura energética se ha multiplicado por tres desde hace poco más de un año, a pesar de las actuaciones implementadas para compensar el incremento y adaptarse a las fluctuaciones del mercado.
Las dudas igualmente se centran en cómo acabará el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que entregó a la siderurgia cántabra el primer tramo de la financiación, un préstamo participativo de 13,77 millones de euros sobre un total de 27.
Esta primera ayuda, que la compañía ya avanzó se utilizaría para circulante y no para inversiones, ya ha sido consumida. La SEPI todavía no ha desbloqueado el segundo tramo, un préstamo ordinario por 13,23 millones de euros, algo que anhela la empresa para poder gozar de cierto músculo y tranquilidad en lo que queda de año.
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