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La directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, se reúne hoy con el comité de empresa de Fundinorte después de que la plantilla se enfrente a un ERE de extinción de los 53 contratos existentes, según se les comunicó la pasada semana. Ahora están pendientes de que la empresa les convoque para la primera reunión negociadora del expediente. El periodo de consultas finaliza el 25 de noviembre.
Álvarez les expondrá las ayudas existentes para los desempleados, situación en la que se encuentran ya la mayoría de los trabajadores ya que la factoría de San Felices de Buelna lleva sin actividad desde febrero y afectados por un ERE de regulación temporal. «Les explicaré las ayudas a las que se pueden (Ley de Empleo) acoger según la normativa vigente y que son iguales para todos los desempleados», comentó a este periódico la directora general.
El comité lleva tiempo realizando gestiones ya que si bien la empresa anunció que había inversores interesados, lo cierto es que no se han producido novedades relevantes desde el inicio del concurso de acreedores. Precisamente, la comunicación del ERE de extinción la realizaron los administradores concursales.
Fundinorte comenzó su andadura en 2016 tras la compra de la antigua Greyco por parte del Grupo Vela y con un plan en el que se contaba con Sodercán y el ICAF. Sin embargo, las cifras de negocio previstas nunca se alcanzaron y se optó por el concurso de acreedores. Pese a ello, la empresa ha seguido disiento que hay inversores interesados y parece que hay intermediarios que intentan lograr una salida por esta vía. De momento, lo único claro parece ser la intención de despedir a toda la plantilla.
El comité de empresa espera que si realmente no se logra la llegada de nuevos inversores se produzca la liquidación de la sociedad y que no existan, por tanto, maniobras «oscuras». Además, recuerdan el dinero público que ha ido al proyecto que en su día parecía viable y que en la práctica no ha logrado avanzar.
Hay que recordar que el Gobierno cántabro se había comprometido a aportar 3,3 millones de euros en el proyecto, pero siempre sobre la marcha de un plan industrial de futuro.
Tras emprender su andadura en 2016, en 2017 la empresa pidió a Sodercán más fondos para apoyar el plan de viabilidad. La sociedad pública, tras encargar una auditoría, estaba dispuesta a aportar hasta 352.000 euros siempre que el Grupo Vela suscriba tres compromisos firmes: regularizar las deudas vencidas e impagadas generadas durante el presente año (estimadas en algo más de 600.000 euros sólo hasta marzo de este año); presentar un plan industrial que permita alcanzar una producción de al menos 400 toneladas al mes y presentar un plan comercial que acredite el ritmo de recuperación de clientes en base a pedidos en firme.
La actuación de Sodercán se iba a concretar en dos intervenciones. Una inicial, consistente en el desembolso de los 125.000 euros que aún están pendientes del préstamo de un millón de euros establecido, condicionado siempre al compromiso del Grupo Vela de regularizar la deuda vencida e impagada y una segunda operación basada en el análisis de la viabilidad y solvencia financiera de las empresas al objeto de estudiar una posible financiación adicional de hasta 225.000 euros condicionada también al compromiso de Fundinorte de regularizar la deuda.
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