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El Parlamento de Cantabria vivirá mañana y el martes un capítulo más de la pugna que mantienen los sindicatos tradicionales y mayoritarios -UGT y CC OO- con una tercera organización, USO, que pelea por asentarse en órganos de visibilidad institucional. El pulso en este ... caso lo encarna la composición definitiva del Consejo Económico y Social (CES) pero igualmente se está trasladando a multitud de elecciones sindicales en las últimas semanas para evitar que el tercero en discordia alcance o mantenga, según el caso, una representatividad del 10% y le permita entrar a negociar en sectores productivos estratégicos de la Comunidad.
Esta escalada en la 'batalla' entre organizaciones se escenificará desde ya en la Cámara autonómica. UGT y CC OO han presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida coloquialmente como Ley de Acompañamiento y que completa los Presupuestos de cada ejercicio. En ella se pretende cambiar la Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social. Ambos sindicatos dan continuidad así al recurso de alzada presentado en verano, que frenó los nombramientos de los componentes del Consejo, que fue suprimido en 2012 dentro de los recortes aplicados por el Gobierno popular presidido por Ignacio Diego ante la delicada coyuntura regional. El CES, además, había estado señalado por los aparentes dispendios en comidas y bebidas bajo la presidencia de Pablo Coto con cargo a la entidad. Fue cesado en 2010.
ARGUMENTOS
Los promotores de la enmienda tienen claro, a su juicio, que sólo deben estar ellos en el CES como portavoces de organizaciones sindicales representativas, dentro del denominado Grupo Primero. Con la configuración pretendida, USO sí que tendría asiento dentro de un denominado Grupo Cuarto reservado a aquellos sindicatos que, sin ser representativos, están por encima del 5%. En esta circunstancia en la actualidad sólo se halla USO. Sin embargo, en 2009 ya se modificó el CES y se expulsó a esta última y a CSIF.
Eso es lo que reivindican ahora de nuevo UGT y CC OO: mantener la estructura que ya estaba. «En la propuesta de redacción dada en la Ley de Medidas al Cescan se confirma un modelo de participación que rompe el equilibrio tripartito tradicional y común de los grupos que forman todos los Consejos Económicos y Sociales del resto de las comunidades y del CES de España. Se crea un grupo nuevo con derecho a voto y con más integrantes que el resto de cada uno de los otros grupos», recoge la enmienda presentada.
PRESIÓN EN AUMENTO
«Es un circo», comienza el secretario general de CC OO, Carlos Sánchez, que señala que «no nombraremos representantes si sale así». Esta decisión, anunciada en un comunicado días atrás, ha sido votada y avalada por ambas organizaciones. El secretario de Empleo de la Unión General de Trabajadores, Julio Ibáñez, remacha que «no entendemos cuál es la razón de innovar y dar participación a quien no debería tenerla». Ambos enarbolan la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). «Que la cambien si pueden», reta el líder de CC OO.
Los grupos parlamentarios que tienen que votar las diferentes enmiendas reconocen que el tono de las reivindicaciones de UGT y CC OO ha subido en las últimas semanas. También desde la Consejería de Presidencia, sobre la que recae la creación del nuevo CES. Sánchez, sin embargo, sostiene que «no nos están escuchando. Ni (Miguel Ángel) Revilla nos ha recibido», lamenta.
DEFENSA
Mercedes Martínez, secretaria general de USO, lo tiene claro. «El CES ha sido el catalizador de la guerra sindical que desde hace unos años se vive en Cantabria. La pérdida de representatividad de los dos sindicatos mayoritarios, antes hegemónicos, amenaza el monopolio que desde hace 35 años -«en 1985 se aprueba la LOLS que hace de dique de contención ante otras opciones sindicales» -, ostentan estas centrales sindicales. Los obstáculos para ser un interlocutor en la vida económica y social son continuos. Bloqueo de las elecciones en aquellas empresas en que USO promueve procesos electorales; presiones continuas a partidos políticos y administraciones para que no reconozcan a USO como un agente social relevante, entre ellas coacciones y amenazas... La amenaza de abandonar el CES es la última», sostiene.
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