Los dueños de Celsa y sus acreedores se ven en julio en el juzgado para dirimir el control del Grupo

La ocasión, por tanto, servirá para que el magistrado escuche las versiones de ambas partes. Los bonistas ya han trasladado su intención de asumir el 100% del capital a cambio de unos 1.300 millones. Los Rubiralta, en cambio, insisten en la viabilidad de la corporación y en las bondades de acceder al rescate que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió hace un año por 550 millones, condicionado a un acuerdo entre las partes que de momento no se ha producido, con el incumplimiento del calendario de pagos de amortización durante la pandemia, origen de las hostilidades.

En el centro, además, el valor real de la compañía. Dueños y acreedores tienen opiniones contrapuestas al respecto y todo parece indicar que este será uno de los principales caballos de batalla de la vista oral. Por un lado, Celsa enarbola informes de Lazard y AZ Capital que sitúan el precio de la compañía en 6.000 millones, Los acreedores, en cambio, se agarran al criterio de Lexaudit, el experto independiente de la reestructuración, para rebajar la cifra a 2.400 millones, menos de la deuda que aglutinan y, en la práctica, una suma que aquilataría sus pretensiones para tomar el control de la sociedad.

Sin embargo, y como novedad, un contrainforme elaborado por la firma de auditoría BDO reprueba que el documento de Lexaudit está basado en «errores significativos» y advierte de que «no se ha procedido de manera diligente desde un punto de vista profesional».

Así lo avanza El Economista y lo confirman a El Diario Montañés fuentes próximas al proceso de reestructuración. Por su parte, el Grupo Celsa no ha hecho comentarios.

Pero ese análisis de BDO será todo un asidero para los Rubiralta en apenas dos semanas y, de hecho, se recoge en su recurso al plan definitivo presentado por los fondos, encabezados por Deutsche Bank o Cross Ocean. En esa pericial se argumenta que las conclusiones de Lexaudit, a partir de una valoración efectuada por Grant Thornton, no reflejan el valor real del Grupo.

¿Los motivos? Según las mismas fuentes, en los cálculos solo se tuvieron en consideración estimaciones propias, sin incluir la documentación ofrecida por la compañía, y sobre todo información histórica previa al ejercicio 2020, añade.

En otras palabras, dicha evaluación entregada por Lexaudit al juez no ha contemplado la evolución de Celsa en los ejercicios posteriores al revolcón del covid. Como referencia, la siderurgia batió en 2022 su récord de ventas, con 6.084 millones, así como su techo de Ebitda, con 867 millones. Tampoco aparecen en el informe de Lexaudit, entre otras, las inversiones realizadas para incrementar la producción, como un nuevo tren de laminado de acero en Francia.

Así las cosas, será el juez el que tenga la última palabra. Parece evidente la distancia actual entre las partes tras volver a romper las negociaciones. En todo caso, y dado el blindaje que el Gobierno español tiene sobre empresas estratégicas, la opción más factible en caso de que los fondos finalmente tomaran el poder pasa por que estos tuvieran que buscar un socio industrial nacional para mantener el arraigo en el territorio. Los Rubiralta, en cambio, mantienen otros planes.