Ecomasa trata de rescatar en Francia parte del dinero perdido del Gobierno cántabro

El pleito fue promovido por Jesús Lavín, ideólogo del plan industrial en Cantabria junto a Andrés de León. Los primeros pasos se dieron en 2015, para lo que el propio Lavín hizo una provisión inicial para contratar al despacho de abogados Ascott Associes de París. Sin embargo, la Fiscalía francesa inició un procedimiento penal contra el presidente de Wanders, al que se personó el representante legal de Ecomasa, y en el que hubo diversos interrogatorios por parte de la policía no solo a personal de la comercializadora comprada con el dinero transferido por el erario cántabro, sino contra los auditores Eric Guedj y André Coffre, que certificaban anualmente las cuentas y que los dueños de la planta de Maliaño denunciaron que no reflejaban fielmente la realidad contable de la empresa y que fueron determinantes en la operación de adquisición de la mercantil. Las auditorías, según informes posteriores aportados a este procedimiento, arrojaron diversas incidencias tales como una sobrevaloración del stock de Wanders de cinco millones.

La cuestión es que hace aproximadamente un año Ascott Associes comunicó que esta causa penal había obligado a paralizar todos los procedimientos civiles a la espera de la resolución del primero. De momento, nada se sabe al respecto, a pesar de que los letrados del país vecino se mostraban optimistas en relación al resultado de la demanda. En el entorno de Lavín están a la espera de novedades sobre el tema y confirman que, dado que Ecomasa se encuentra en proceso concursal, cualquier suma iría directamente a la masa acreedora.

Sin embargo, el resto de partes inmersas en las causas judiciales por la quiebra de la fábrica de estufas camarguesa apenas valoran esta vía como factible para paliar parte del agujero generado por la mala marcha de la aventura industrial. Los administradores concursales ni siquiera lo consideraron como potencial activo ni lo incluyeron en su informe, mientras que desde la representación legal de los trabajadores -que aportaron tres millones al capital vía las indemnizaciones percibidas por su despido de Teka- se admite que nada más se supo de la evolución de estos movimientos en los tribunales franceses.

Más contundentes se muestran en Sodercán, empresa pública que participó en el proyecto. «No tenemos constancia oficial de que se haya presentado ninguna demanda y estamos convencidos de que se trataría de una demanda, en el caso de que exista, que tiene un único objetivo: preparar la defensa de Lavín en España para enfrentarse al juicio que tienen contra él los trabajadores», sostienen fuentes de la compañía. Este periódico ha tenido acceso a la demanda.

Sodercán también recuerda «que la compra de esas acciones -de Wanders- sí consta que se hizo sin ninguna garantía, tal y como aparece en el informe de los administradores concursales».