Las electrointensivas cántabras pagan más del doble de luz que en Francia pese al nuevo Estatuto

El riesgo de traslados, cierres o deslocalizaciones, viene insistiendo desde hace tiempo el sector, no proviene ya de economías emergentes a miles de kilómetros, sino que las mayores amenazas están a la puerta de casa. De hecho, el diferencial, pese a las mínimas rebajas introducidas, se ha agrandado con la industria gala en comparación al momento previo a aprobarse el Estatuto.

Según AEGE, la factura de la gran industria autonómica -con las nuevas medidas del estatuto ya incorporadas- ascendía a 59,78 euros por megavatio y hora. La suma supone más del doble que lo abonado en Francia durante enero, 28,56 euros. Con quien sí que se ha recortado algo la brecha es con las compañías alemanas, aunque lejos aún de aspirar a una convergencia. Las factorías germanas intensivas en consumo eléctrico sufragaron el MWh a 35,61 euros, 14 menos que las cántabras.

El estudio ya tiene en cuenta para los cálculos las ayudas sobre los costes de compensación del CO2, que conllevan un recorte en el recibo de solo seis euros por cada megavatio hora consumido. Como referencia, supone menos de la mitad que en los países mencionados. La compensación se incluye dentro de los Presupuestos Generales del Estado y supone el reparto de 170 millones, distribuidos entre las grandes plantas españolas durante todo el ejercicio. En paralelo, también se recogen los mecanismos para la financiación de renovables, cuyo impacto favorable en los recibos es anecdótico. Apenas 54 céntimos para aquellas que más consumen. Paradójicamente, las que gastan menos pueden llegar a percibir hasta seis euros por este concepto en cada MWh.

Fernando Soto, director general de AEGE, explica que el Estatuto «es muy insuficiente para las empresas que más lo necesitan. En los precios de la energía vemos cierta convergencia, en especial con Alemania. En Francia es otro caso, puesto que ellos tienen una tarifa que el Gobierno galo ofrece a toda la industria a 42 euros el megavatio. Una opción como una 'tarifa fija', por lo que cuando las empresas estiman que el mercado se va a encarecer, se acogen a esta tarifa», empieza.

En este momento, Soto insiste en que «el propio Real Decreto de Estatuto recoge dos medidas claves que hay que aprobar. Ahora la diferencia en España estriba en los impuestos y en los costes regulados. Por un lado, los peajes de las redes. Francia y Alemania tienen exenciones que alcanzan el 80 y en algunos casos el 85 por ciento. Nosotros hemos reclamado que se apruebe lo mismo aquí. Este tema antes de 2020 era competencia del Gobierno y ahora está en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ahí es donde debemos reclamar ahora», agrega.

Otro asunto que preocupa es la alternativa a la interrumpibilidad, que se suspendió el pasado junio, una fórmula para compensar a los grandes consumidores por desconectarse de la red en momentos de pico de demanda. «Estamos a la espera de que se apruebe. La idea era que se pusiera en marcha el 1 de julio, pero si se demoran más los plazos quizá no lleguemos a tiempo», advierte. De hecho, en enero, en pleno temporal, ya hubo un «grave incidente europeo» y riesgo de apagón en el país por no contar con este mecanismo.