Las electrointensivas recuerdan que es el Gobierno el que decide sobre las ayudas

El colectivo entiende que la última palabra la tiene la Administración central, en especial el Ministerio de Transición Ecológica. Es ahí, abundan, donde hay que focalizar los esfuerzos para garantizar apoyos a las principales fábricas de España. Cantabria tiene en este grupo a gigantes como Global Steel Wire, Ferroatlántica, Forgings & Castings o Bondalti, la productora portuguesa de cloro que se instaló en terrenos de Solvay.

El director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, pone voz y rostro a este pensamiento de la industria. «Todas las iniciativas que vayan en la misma línea vienen bien. Hay una propuesta que llegó al Congreso y está ahora en el Senado respecto a la Ley de Cambio Climático. Se incorporó una enmienda del PNV para que se garantizara por ley que el 25% de las subastas por derechos de emisión se emplee en compensar el CO2 indirecto. Lo cierto es que esto sí va a reflejarse en la Ley, una manera de evitar que dependamos de que el Ministerio de turno apruebe o no la partida correspondiente», arranca.

Sentada esta premisa, Soto entra en materia sobre el 'lobby' del Noroeste. «Los apoyos de las comunidades son muy importantes. Pero al final hay que convencer al Gobierno. La competencia la tiene la Administración central», resume.

Precisamente este martes el Consejo de Ministros aprobó 79 millones para emisiones de C02 indirecto. «Es un paso. El Gobierno siempre va a aprobar las partidas para sacar las convocatorias. Con la modificación legislativa podremos llegar a una compensación en el entorno de los 200 millones», agrega.

Donde no hay tanto optimismo es con la alternativa a la interrumpibilidad, el mecanismo de reserva estratégica. En un primer momento se esperaba para septiembre, pero desde AEGE entienden que «dado que el operador necesita de un mínimo de seis meses, nos daríamos con un canto en los dientes si entra en vigor el 1 de enero. Lo fundamental es que lo aprueben», señala. La interrumpibilidad, una fórmula para compensar a los grandes consumidores por desconectarse de la red en momentos de pico de demanda, se suspendió en julio de 2020.

El Noroeste español trazó el martes un plan que pasa por reclamar que se active una línea de apoyo específica para este sector en el marco de los fondos europeos Next Generation.

La iniciativa surgió en un encuentro telemático celebrado por la tarde en el que participaron, entre otros, el consejero de Industria de Cantabria, Francisco Javier López Marcano; el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta, Francisco Conde; y el titular de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado, Enrique Fernández Rodríguez. El viernes seguirá el trabajo con los directores generales de Industria.