La empresa cántabra lamenta el «aluvión» de cartas de Hacienda tras el confinamiento

El empresariado autonómico centra sus quejas en el momento elegido por la Agencia Tributaria para llevar a cabo sus actuaciones, focalizadas especialmente en requerimientos y notificaciones en relación al IVA, aunque ha habido de otros tipos. Las primeras semanas de 'nueva normalidad' con un estado anímico fuera de lo normal, muchas firmas requeridas por los controles del fisco han tenido que desviar parte de sus recursos y atención a reunir la documentación pertinente en lugar de concentrarse en relanzar su actividad.

Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), el delegado del Gabinete de Estudios en Cantabria, Carlos Ortega Herrán, confirma el fenómeno que ha soliviantado a las organizaciones cántabras, aunque en su caso descarta un afán recaudatorio. En su lugar, sí que afirma sin suda la existencia de «poca sensibilidad» por parte de la AEAT. «Durante el periodo de confinamiento se paralizaron todas las actuaciones de la Agencia Tributaria que supusieran una relación jurídica con el contribuyente. Los procedimientos se suspendieron. Lo que ha ocurrido es que con la 'nueva normalidad' Hacienda ha sacado todas las actuaciones pendientes. Se nos ha juntado con la campaña de la Renta e Impuesto de Sociedades, unas campañas que en esta ocasión eran muy complejas, lo que unido a estas comprobaciones sí que ha provocado una sobresaturación», comienza.

«Ha habido poca sensibilidad por parte de la Agencia Tributaria. A los despachos profesionales les ha supuesto un incremento excesivo de trabajo. En paralelo, las pymes y pequeños autónomos han soportado un coste indirecto muy elevado y una situación compleja. Bastante tenían con sobrevivir como para destinar parte de su tiempo a recabar una documentación de diversos ejercicios atrás», opina Ortega.

Desde Aedaf trasladaron el problema a la Delegación cántabra de la AEAT. «No fueron todo lo sensibles que tendrían que haber sido. Ahora la situación se ha estabilizado», concluye.

Desde la esfera de los gestores administrativos, Javier Luna igualmente pone voz al colectivo. «Desde el fin del estado de alarma ha habido un aumento de las comprobaciones y revisiones. Se entiende derivado de la falta de ingresos fruto del confinamiento», sostiene.

De hecho, Luna se posiciona con los afectados. «Las empresas lo han pasado mal. No les cogía en el mejor momento y lo han sentido. Ha habido sectores que lo han notado de lleno. Por ejemplo, el colectivo de abogados se ha visto bastante examinado», razona, para agregar que las peticiones de información han ido bajando desde mediados del pasado mes.

El fenómeno no es exclusivo de Cantabria. En el Principado de Asturias la Aedaf denunció «afán recaudatorio» del Estado ante la «catarata» de inspecciones a las compañías en los primeros compases de la nueva realidad coronavírica. Un estrés adicional para el peor momento posible para un empresario.