La empresa que opta a todo el suelo libre en Vallegón aplaza hasta agosto su decisión

La evolución del asunto está de actualidad toda vez que el pasado 13 de febrero era el plazo límite del que gozaba la compañía para decidir si se hacía con las parcelas. Esa fecha fue la aportada por el propio consejero de Industria, Eduardo Arasti, en el Parlamento de Cantabria el pasado septiembre a preguntas de Vox sobre el futuro del polígono y el grado de comercialización de su segunda fase.

En concreto, el titular del área explicó en su momento que una compañía había trasladado su intención de invertir 46 millones en Castro Urdiales. Un compromiso de gasto que pasaba por la construcción de tres grandes naves que después podría vender o alquilar.

Un modelo de negocio que, precisamente, requiere de cierto tiempo para comprobar si hay demanda existente. En otras palabras, esta forma de actuar, habitual por otro lado en este ámbito logístico, busca hacerse con derechos preferentes de suelo para promover con el menor gasto inicial posible y, en paralelo, identificar a potenciales interesados en utilizar los equipamientos.

Ahí, precisamente, se ha producido una fricción entre el Ejecutivo y la sociedad interesada en la promoción. Las partes han discutido sobre cuándo empieza a correr el plazo de ocho meses que Arasti explicó en la Cámara regional, periodo que tenía la compañía para decidir si avanzaba en el proyecto más allá de la reserva.

Según lo trasladado por el consejero en septiembre, la oferta asciende a 13,4 millones por todas las parcelas comercializables de la segunda fase, que se inauguró en abril de 2022 y consta de 81.855 m2.

En teoría, la promotora disponía hasta el 13 de febrero -el pasado martes- para confirmar la operación, después de ser autorizada por el Consejo de Administración de Sicán. A partir de ahí, otros dos meses para formalizar el acuerdo, que contempla un pago del 25% de los mencionados 13,4 millones al firmar la escritura. El 75% restante se abonaría en los tres ejercicios siguientes.

Sin embargo, dicha hoja de ruta no se ha cumplido. Consultado por el Diario sobre el final del plazo, el propio Arasti detalla que ha habido una doble interpretación respecto a los plazos, que obligó incluso a la Consejería a pedir asesoramiento al departamento de Servicios Jurídicos de la Administración.

El actual titular de la cartera relata que entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en las reuniones entre la firma optante y el entonces director general de Sican, Antonio Bocanegra (PRC), se pactó el plazo de ocho meses, aunque el contrato no tiene asociada una fecha para computar el inicio de ese periodo.

Sicán autorizó la opción de compra en junio de 2023, de modo que el Consejo del ente público entendía que el reloj empezaba a correr desde entonces. En cambio, la compañía aducía que no, que esa parte llegaría cuando se formalizara el contrato de opción de compra.

Ante esta disyuntiva llegó el consejo de los Servicios Jurídicos del Gobierno, que advirtieron de que en caso de mantener la desavenencia arrancaría un proceso judicial de «duración indeterminada» que, además, llevaría a un bloqueo de la comercialización de los terrenos.

Industria, por tanto, buscó una alternativa y firmó el contrato de opción de compra el pasado 22 de diciembre. Desde entonces, ocho meses, hasta el 22 de agosto de 2024, para la confirmación. La cita para la escrituración no puede extenderse más de dos meses adicionales, hasta el 22 de octubre. En verano, por tanto, se esclarecerá la situación.

El nuevo Gobierno, no obstante, ya trasladó en el Parlamento que no comparte las prisas del anterior Ejecutivo PRC-PSOE para facilitar la reserva total de la superficie y prefería buscar empresas por sus propios medios.